Han insistido algunos aspirantes a cargos de elección popular en estos días, que las autoridades electorales deben iniciar una campaña ya, para informar a la población que los programas sociales se aplican con dinero del mismo pueblo, particularmente de las y los empresarios que pagan impuestos. Tienen razón. Esto aplica para todo gobierno, del color que sea. En esa lógica, el sueldo de todos los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el de intendencia del municipio más pequeño, lo pagamos todos los que con nuestro trabajo generamos riqueza y pagamos impuestos.

Me lo decía un especialista en temas financieros de la manera más sencilla: El ISR es el impuesto que te cobran por ganar dinero. El IVA, el impuesto que te cobran por gastar dinero. El IDE, el impuesto que te cobran por guardar dinero. El ISN, el impuesto que te cobran por dar empleo. El IEPS, el impuesto que te cobran sobre productos que ya habían pagado impuestos.

El predial, que casi todos pagamos al iniciar el año, es el impuesto que te cobran por atreverte a tener casa propia. La tenencia, el impuesto que te cobran por atreverte a tener carro propio. El ISH, el impuesto por hospedarte en hoteles o air bnb por viajes de trabajo o turismo y el peaje, el impuesto al usuario que utiliza autopistas.

De aquí y de los muchos activos que tienen los gobiernos, sale el dinero para los programas sociales, así que los gobiernos y sus gobernantes —que en sentido estricto son nuestros empleados— viven del dinero que generamos los ciudadanos. Esto hay que insistirlo de muchas maneras, porque es la ruta para que a la hora de acudir a las urnas nadie se sienta condicionado por alguna marca, por algunas siglas o candidatos.

Ahora, y también hay que decirlo claro, ser empresario en nuestro país es una profesión de riesgo. Sí, no sólo por la cantidad de impuestos que se tienen que pagar, también porque la delincuencia organizada, desde los pueblos más modestos hasta en las grandes ciudades, está lista para extorsionar a quien ven que tiene éxito.

Un reporte de México Evalúa, que puede leerse íntegro en este link, https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-20-seguridad-policybrief011-empresasbajofuego.pdf señala que “el ‘cobro de piso’, en particular, ha alcanzado a una amplia variedad de establecimientos comerciales, de distintos tamaños y sectores, desde grandes empresas de telecomunicación hasta tortillerías y comercios ambulantes y taquerías”.

“Las experiencias directas con el crimen y la violencia afectan profundamente el desempeño empresarial y las decisiones de inversión, más aún entre las empresas pequeñas, de origen nacional y minoristas”, indica el reporte y señala que “el 37% de los establecimientos económicos del país tiene alguna medida de protección contra el delito”. En otras palabras, son los propios empresarios los que han tomado medidas para atender esta situación de inseguridad.

Entre las conclusiones de este interesante análisis, que vale la pena leer completo, realizado por México Evalúa, que dirige Mariana Campos, se indica que es particularmente necesario desarrollar medidas de apoyo y protección a las empresas medianas del sector comercial, las cuales, al estar más expuestas y cubrir una diversidad de actividades, sufren mayores afectaciones e incurren en mayores pérdidas económicas.

En materia de combate a la extorsión, se expone que “es indispensable desarrollar políticas que se adentren en el desmantelamiento de los factores que sustentan a los grupos criminales; en las mismas redes de protección que desde el Estado se tienden para sostener al crimen organizado, y que remedien la falta de capacidad y recursos en los sistemas de seguridad y justicia.”

“En la medida en que el crimen organizado subsista con instituciones de seguridad cooptadas, los grupos criminales se seguirán multiplicando, confrontando y generando guerras, con la extorsión como principal fuente de su financiamiento (Moncada 2022). Así, y dado el tamaño de la actividad empresarial en México y la consecuente incidencia que el sector privado puede tener en la vida pública del país, conviene que el empresariado considere y desarrolle proactivamente acciones y estrategias más complejas, mediante mecanismos público-privados, orientadas a invertir en políticas públicas que atiendan las raíces del crimen organizado y faciliten el trabajo coordinado”.

En tercer lugar, comentan que “ante la rápida evolución de los delitos que afectan a las empresas en el país, es preciso ampliar la visión actual que el cuestionario de la encuesta incorpora para medir las afectaciones que tiene la delincuencia para la actividad económica. El crecimiento del crimen organizado en México y la desigual capacidad organizacional entre diferentes actores del empresariado invitan igualmente a considerar adecuaciones al cuestionario para, entre otras cosas, incorporar un listado más amplio de las acciones individuales y colectivas que las unidades económicas sabemos que ya realizan frente a la violencia, mucho más allá de medidas básicas de protección”.

El reto es grande. Si candidatas y candidatos quieren tomar en serio su catálogo de propuestas, deben echarse un clavado en este documento para atender algo que afecta profundamente a nuestra sociedad hoy en día.

@MValeraH

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CD/YC