Por La historia reciente de México demuestra que existen momentos en los que los cambios dejan de ser una opción para convertirse en una necesidad. Ocurrió con la apertura comercial, con la expansión de las telecomunicaciones y, más recientemente, con la pandemia de COVID-19.

Millones de personas, empresas e instituciones se vieron obligadas a modificar hábitos que parecían inamovibles. El trabajo a distancia, las clases en línea y los servicios digitales avanzaron en pocos meses lo que probablemente habría tomado años en circunstancias normales.

Hoy el país enfrenta una transición de naturaleza distinta, pero de alcance comparable: el avance hacia una economía cada vez más digital. Las razones son diversas. Existen consideraciones de seguridad asociadas al control de los flujos financieros; objetivos de recaudación y formalización económica; necesidades de competitividad frente a un entorno internacional cada vez más digitalizado; y propósitos de desarrollo social vinculados con la inclusión financiera y el acceso a servicios.

En este contexto surge la Ley de Economía Digital (aprobada por el Pleno del Senado de la República el 20 de octubre de 2026 y pendiente de ser publicada) y, con ella, la necesidad de acelerar la incorporación de millones de personas al sistema financiero formal. El desafío es considerable. Durante décadas, amplios sectores de la población han realizado sus actividades cotidianas mediante el uso de efectivo. Para muchas familias, este mecanismo sigue siendo el más accesible, conocido y confiable. Sin embargo, la tendencia mundial apunta hacia una creciente digitalización de pagos, trámites y servicios.

Naturalmente, esta transformación ha generado cuestionamientos. Algunos observadores advierten que una transición acelerada podría profundizar las brechas existentes y dejar rezagados a quienes carecen de conectividad, acceso a dispositivos o conocimientos digitales. La preocupación es legítima y debe ser atendida. No obstante, la experiencia reciente también muestra que las sociedades poseen una capacidad de adaptación mayor de la que comúnmente se supone.

La pandemia dejó una lección relevante. Millones de personas que nunca habían utilizado plataformas digitales aprendieron a hacerlo en cuestión de meses porque las circunstancias así lo exigieron. Empresas, escuelas, gobiernos y ciudadanos desarrollaron nuevas capacidades en muy poco tiempo. La adaptación no fue inmediata ni uniforme, pero terminó por modificar prácticas que hoy forman parte de la vida cotidiana.

Ello no significa minimizar los desafíos actuales. La inclusión financiera requiere infraestructura, conectividad, educación digital y confianza de los usuarios. En otras palabras, no basta con establecer nuevas reglas; es indispensable construir las condiciones que permitan a la población aprovecharlas. La digitalización sólo será exitosa si se traduce en mayores oportunidades y no en nuevas formas de exclusión.

Aquí aparece un elemento que con frecuencia pasa desapercibido. La economía digital descansa sobre dos infraestructuras básicas: energía y conectividad. Sin electricidad no funcionan las redes de telecomunicaciones; sin acceso a internet no existen pagos digitales, banca móvil o servicios financieros en línea. Por ello, la transición hacia una economía digital también es un desafío de infraestructura y desarrollo territorial.

En los próximos años, la discusión probablemente dejará de centrarse en si México debe avanzar hacia la digitalización financiera. La pregunta relevante será si el país logra construir las capacidades necesarias para que nadie quede atrás durante ese proceso. Después de todo, la verdadera transformación no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en garantizar que las personas puedan utilizarla para ampliar sus oportunidades de desarrollo.

X @hector_ramirezr

CD/YC