San Luis Potosí.— Organizaciones internacionales y de la sociedad civil alertaron sobre una grave escalada de agresiones y persecución judicial contra el gremio periodístico en el estado de San Luis Potosí, tras confirmarse la detención violenta de tres comunicadores y la existencia de órdenes de aprehensión contra al menos ocho más.

Los comunicadores son señalados por la Fiscalía General del Estado bajo los lineamientos de la reciente y controvertida “Ley IA”, una reforma al Código Penal local aprobada a finales de 2025 para regular el uso de herramientas digitales, pero que colectivos como ARTICLE 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Red Nacional de Periodistas catalogan como una normativa ambigua utilizada para criminalizar a las voces críticas del gobierno estatal.

Las detenciones comenzaron el pasado 21 de mayo con el arresto de Christian Herrera, director del portal informativo Código Rojo en el municipio de Ciudad Valles, quien presuntamente fue incomunicado y trasladado de forma arbitraria a la capital del estado para ser recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social Número 1, conocido como “La Pila”.

Ese mismo día, elementos de la Policía de Investigación detuvieron en la capital potosina a Eréndira Reyes Aguillón, directora del medio digital San Wicho Times, junto a su hija Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal.

A ambas se les dictó prisión preventiva y se les acusa formalmente del delito contra la identidad de las personas por la supuesta utilización deliberada de estructuras visuales y narrativas generadas con inteligencia artificial para manipular la identidad digital y difundir un video en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado vinculaban a las corporaciones de seguridad locales y al gobernador, Ricardo Gallardo, con actividades ilícitas.

De acuerdo con las organizaciones firmantes del pronunciamiento, la Fiscalía local también mantiene vigentes mandamientos judiciales de captura contra otros directivos de medios, entre ellos la periodista Anahí Torres González, quien denunció la opacidad de las investigaciones y el uso del aparato de justicia como un brazo censor.

El marco jurídico bajo el cual se sustentan los cargos fue impulsado originalmente por el diputado Héctor Serrano Cortés mediante la adición de los artículos 187 Ter, 272 Ter y 272 Bis del Código Penal potosino, los cuales contemplan penas de hasta seis años de prisión por el uso no autorizado de imágenes, la manipulación institucional y la difusión dolosa de desinformación mediante tecnologías automatizadas con el fin de afectar la paz pública o la confianza en las instituciones.

A pesar de que la legislación local vigente especifica explícitamente en sus causales de exclusión que el uso de estas tecnologías no constituye un delito cuando se realiza con fines netamente periodísticos, de parodia, académicos o de crítica política, las ONGs defensoras de los derechos humanos denunciaron que la normatividad está siendo aplicada de forma discrecional.

Aunado a ello, las agrupaciones subrayaron la ilegalidad del proceso penal al acusar que la Fiscalía General del Estado pretende sancionar un video difundido de manera previa a la entrada en vigor de la reforma, lo cual representa una violación directa al principio constitucional de no retroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Carta Magna, configurando una violación flagrante a la libertad de prensa y un preocupante precedente de censura institucionalizada en el país.

CD/VC