*El proceso judicial y las acusaciones contra altos funcionarios reavivan el debate sobre la integridad de los órganos de control

Al menos tres investigaciones activas por presuntos delitos de cohecho y desaparición de cocaína pesan sobre Arturo Serrano Meneses, excontralor de la Fiscalía General de la República (FGR), quien fue destituido de su cargo el pasado 8 de agosto.

Además, el caso involucra la presunta venta de 900 kilogramos de cocaína y un contrato irregular por seis millones de pesos, puso en el centro del debate la integridad de la principal institución encargada de combatir la impunidad en México.

De acuerdo con el medio Entorno, las pesquisas contra Serrano Meneses abarcan dos delitos principales. La primera investigación corresponde a un presunto acto de cohecho relacionado con un contrato no adjudicado por seis millones de pesos.

La segunda, de mayor gravedad, lo vincula con la desaparición de 900 kilogramos de cocaína que, estaban bajo custodia oficial y habrían sido vendidos a un grupo delictivo en abril de este año. Finalmente, el medio apunta que existe una tercera investigación en curso que las autoridades no han revelado.

En cuanto al proceso judicial, el juicio por el contrato irregular avanzó hasta la etapa de audiencia ante el juez Marco Antonio González Cortazar, programada para el 18 de septiembre, sin embargo, la diligencia no pudo celebrarse porque la defensa de Serrano Meneses y de su colaborador, Carlos Enrique Rascón Yrizar, argumentó no haber tenido acceso a la carpeta de investigación.

Además, los abogados de Rascón Yrizar denunciaron que las autoridades ministeriales entregaron una USB con el expediente, pero la carpeta digital se encontraba dañada, lo que llevó al juez a posponer la audiencia para el mes siguiente ante la imposibilidad de continuar con el procedimiento.

Destitución de un cargo público relevante, la lucha de la FGR para mantener el ideal de cero impunidad

La destitución de Serrano Meneses se produjo en el marco de un operativo interno de la FGR, durante el cual también fueron removidos nueve de sus colaboradores, entre los que figuran Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano mayor de Santiago Taboada.

La notificación de la separación del cargo coincidió con la confirmación de que la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes mantenía una averiguación activa en su contra, lo que subraya la gravedad de las acusaciones y la respuesta institucional ante los señalamientos.

Tras la salida de Serrano Meneses, el puesto de contralor de la FGR quedó en manos de Óscar Daniel del Río Serrano, quien ocupa el cargo de manera interina.

Del Río Serrano es hijo de José Manuel del Río Virgen, director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Mientras tanto, la Cámara de Diputados inició el proceso para designar al nuevo titular del Órgano Interno de Control de la FGR.

El caso de Serrano Meneses se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la FGR, una institución que enfrenta el reto de mantener la confianza pública en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción y manejo irregular de bienes bajo su resguardo.

Los antecedentes recientes y la magnitud de las acusaciones refuerzan la percepción de que la lucha contra la impunidad en México atraviesa por uno de sus momentos más delicados.

Las investigaciones en curso contra el excontralor representan un episodio relevante en la historia reciente de la FGR, al evidenciar los desafíos internos que enfrenta la institución responsable de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.

Con información de: Infobae

CD/GH