La cantidad de casos de corrupción que se están descubriendo en los últimos años es realmente preocupante. Solamente en estos últimos cinco años, y con bastantes casos públicos formalmente judicializados, destacan varios procedimientos. El caso Koldo, relacionado con la investigación sobre contratos de mascarillas vinculados a la pandemia, es un proceso aún abierto y sin condena firme; sin embargo, los autos judiciales señalan indicios suficientes para ordenar medidas cautelares, como el ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga u otros motivos. También están en marcha investigaciones sobre contratos relacionados con las compras urgentes de material durante la pandemia. Algunas de estas causas han sido archivadas, mientras que otras continúan en fase de instrucción. Cada día se conoce algún caso más relacionado con posibles prácticas corruptas, y los responsables políticos tratan de gestionar, como pueden, la avalancha de investigaciones que afectan presuntamente a miembros de sus propios partidos. A todo esto, se añade la politización de la justicia en España. Es muy evidente y está relacionada con el partido político que gobierne en cada momento.  Nuestro país es un caso atípico en Europa en la que no es posible que, la mayor parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sean elegidos por el parlamento. Esto es una prueba clara de la politización de la justicia y de la injerencia del poder político en el ámbito judicial. Además, que el Fiscal  General del Estado sea nombrado por el Gobierno es una clara muestra de que no se respeta la independencia del poder judicial. Los politólogos piden procesos neutrales y con mandatos más blindados, para evitar cualquier tipo de subordinación a los mandatos del poder ejecutivo. En cuanto a las puertas giratorias se observa que hay jueces que pasan a cargos políticos y luego vuelven a la carrera judicial. No es lo adecuado para preservar la independencia e   imparcialidad.

Se percibe corrupción sistémica o estructural instalada en el ámbito del poder político. No existe una separación clara de poderes. La polarización política general es algo que todos los ciudadanos observan cada día en las noticias de los periódicos y los informativos de radio y televisión con espectáculos bochornosos de discusiones que se basan en descalificaciones mutuas en el Congreso de los Diputados. Además, el uso político de la supuesta persecución judicial o de la presunta incompetencia de algunos jueces se ha convertido en algo cotidiano por parte de los dirigentes del partido político que gobierna. 

Es como si algunos políticos se consideraran jueces, y tuvieran conocimiento de los abrumadores detalles de los sumarios en relación con pruebas, testimonios y hechos probados. Es vergonzoso.  Para que se reconozca que algunos políticos han podido cometer presuntamente actos delictivos, las pruebas que lo acrediten deben ser aplastantes. En cambio, si pertenecen al partido rival, cualquier indicio es suficiente. Es cierto que, en los últimos 30 o 40 años los casos de corrupción de los dos principales partidos, debido a la representación política de que disponen, son notorios y permanecen en la mente de los ciudadanos.

En cuanto a las cesiones a los independentistas para mantenerse en el poder no son de recibo. Por ejemplo, en Cataluña no se enseña en español ni en el 25% de las asignaturas de los colegios o institutos: lo que significa que no se cumple la legalidad y no pasa nada.  Se mira para otro lado. Lo que está causando una deriva peligrosa para la unidad del país. Se conceden numerosas ventajas a Cataluña, lo que repercute en la financiación de otras comunidades autónomas. De esta forma, el gobierno se mantiene en el poder que es, según parece, su meta principal.

En cuanto a la sentencia condenatoria respecto al exfiscal general del Estado se tergiversa el contenido de la misma, ya que las declaraciones de los periodistas si se han tenido en cuenta, pero no son lo decisivo en cuanto a los hechos probados. Lo que considera probado el Tribunal Supremo es que existía un “deber reforzado de confidencialidad” cuando García Ortiz ocupaba su cargo, obligación que no se extingue por el hecho de que la información haya trascendido públicamente.

Además, también afirma la sentencia que la filtración, aunque no se identifica con certeza a un autor concreto distinto de García Ortiz, fue realizada por alguien de su entorno bajo su conocimiento y que esa acción fue clave para que la información llegara a los medios.

Y el argumento más poderoso, a mi juicio, es que la nota de prensa de la Fiscalía, asumida por el Fiscal General representó una “oficialización” de la filtración, lo que implica una responsabilidad directa del acusado.  En mi opinión, esta sentencia está perfectamente argumentada y se sustenta también en pruebas indiscutibles, si se razona siguiendo la lógica.

Sigue existiendo el Estado de Derecho, pero algunos jueces si dictan sentencias que agradan a los líderes políticos de determinados partidos son considerados buenos jueces y si no gustan es que juzgan mal. Es lamentable lo que está sucediendo. No se respeta la profesionalidad de los jueces y su imparcialidad.

CD/VC