Existen una serie de factores que pueden afectar que, en el marco de la gestión pública, se pueda desarrollar adecuada y eficientemente el control. Por lo general, los ordenamientos jurídicos reconocen expresamente la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos de los que tomen conocimiento, sin embargo, no suelen existir incentivos que promuevan la denuncia o que protejan adecuadamente al denunciante. Pero, además los organismos contralores deben estar dotados con las atribuciones normativas suficientes, así como, los recursos humanos, financieros, técnicos y tecnológicos para actuar en eficacia y eficiencia. Un sistema de control sobrepasado se torna inútil para alcanzar sus objetivos y ello redunda en mayores facilidades para que se lleven a cabo acciones corruptas.

Otro factor que influye en la debilidad de los sistemas de control es el excesivo secretismo. La corrupción nace y se desarrolla en la oscuridad, en el secreto, es por ello por lo que un instrumento idóneo para enfrentarla es la transparencia. Los espacios de invisibilidad administrativa generan circunstancias y los ambientes propicios para el surgimiento de irregularidades.

Otra causa, estrictamente asociada a la ausencia de un marco legislativo adecuado que prevenga y sancione la corrupción cuando se verifica, es la excesiva concentración de poder en las élites gobernantes. En efecto, la acumulación y concentración de cargos, hasta generar un verdadero oligopolio social, dificulta enormemente poder superar la tentación de parcialidad y manipulación en el ejercicio de estos. De esta manera, no es inusual que los cargos públicos estén copados por parientes, amigos, correligionarios de partidos o militantes de partidos que integran la coalición de gobierno. Este escenario se produce por la ausencia de un marco legal insuficiente para poner freno al nepotismo y el clientelismo. Además, dificulta que se lleven a cabo los controles propios del Estado de Derecho, ya que en este círculo de confianza las conductas irregulares serán invisibilizadas y, en caso de ser descubiertas, justificadas y objeto de férreas defensas corporativas.

Esto genera como consecuencia que, en estos contextos, las personas que ocupan cargos de dirección de los servicios públicos muestren un muy bajo compromiso con los principios de legalidad y probidad. Un bajo compromiso de la alta dirección en la lucha contra la corrupción genera un clima favorable para el surgimiento de acciones u omisiones que atenten contra la probidad, ya que las personas tienden a subvalorar la importancia del comportamiento ético y consideran que sus acciones no serán sancionadas.

En efecto, el principio de jerarquía que rige las organizaciones públicas puede ser un incentivo para el surgimiento de casos de corrupción si es entendido como justificación para mantener malas prácticas o no alertar irregularidades al interior de la institución. La lealtad al equipo o a la cadena de mando arriesga faltas a la integridad.

CD/GU