El Instituto Nacional de Migración (INM) ignoró la orden presidencial de contratar elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en lugar de empresas de seguridad privada, con el argumento de que son baratas, acusó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Señaló que es el caso de Camsa, la firma encargada de la seguridad en el centro migratorio de Ciudad Juárez en el que fallecieron 39 indocumentados, que recibió un contrato por adjudicación directa para prestar sus servicios en instalaciones del INM en 23 estados hasta el próximo 31 de diciembre, con un monto de hasta 190 millones de pesos. [MILENIO / pp-p4-p5]

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