Una diadema negra desentona en un manto verde de vegetación en la Amazonia ecuatoriana. Es la mancha de petróleo que propulsó hacia el aire, como si fuera un pinchazo en una manguera gigante, la fuga del oleoducto OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) que ha dejado sin agua ni alimentos en los últimos tres días a cientos de comunidades indígenas de la provincia de Napo, en Ecuador.

La gran tubería que lleva petróleo de exportación empezó a derramar crudo el viernes por la noche al abrirse una brecha en la tubería por la caída de una roca de dos metros en una jornada de fuertes lluvias. Ocurrió en un tramo que no estaba enterrado sino expuesto. El ministerio de Ambiente ecuatoriano dice que hay 21.000 hectáreas afectadas, de las que 16.000 se encuentran en la zona protegida del Parque Nacional Cayambe-Coca.

La tarea de remediación por parte de la dirección de Oleoducto de Crudos Pesados ya ha comenzado. La empresa responsable asegura que ya ha retirado el petróleo que se pudo contener en piscinas creadas para retener la filtración, pero admite que algunas trazas de crudo llegaron al río Coca. Además, ha explicado que el sistema de detección automática identificó la rotura al instante y detuvo el bombeo de crudo, aunque se mantiene el sistema de recepción para garantizar el abastecimiento de hidrocarburos en el país y las exportaciones.

El derrame en la zona de Piedra Fina pone en riesgo un área natural ya deteriorada por un proceso de erosión regresiva del río Coca. El fuerte caudal del río amazónico ha comido terreno a las laderas y en 2020 esto provocó derrames de petróleo al romperse las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), administrado por la empresa pública Petroecuador, y del mismo OCP.

“Esto es el resultado de la tecnología de punta que el Gobierno quiere seguir desarrollando en la explotación petrolera. Venimos a este lugar donde nuestros hermanos se bañan y pescan y no es justo que un Gobierno diga que esto no es contaminación”, reprochó con ironía Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, en un vídeo con el río de fondo.

Lo que para la empresa operadora del oleoducto son “pequeñas trazas” que han llegado al río, para los representantes de las comunidades indígenas son 300 kilómetros de afectación desde la zona del derrame hasta el ingreso al área intangible del Yasuní, que es la parte del Parque Nacional Yasuní, especialmente protegida de actividades extractivas. Según Luis Xavier Solís, de la fundación Alejandro Labaka, todo ese trayecto es habitado por comunidades kichwa, que suelen abastecerse de las fuentes de agua naturales para comer, mantener su higiene y beber.

El presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Jorge Vugdelija, se comprometió a través de un vídeo difundido por redes sociales a realizar las tareas de remediación de la contaminación y de reparación a las comunidades. Son un centenar de poblaciones que albergan decenas de miles de personas y que se quejan de no haber recibido aún la compensación completa por los derrames de hace dos años.

Según el ministerio de Ambiente ecuatoriano, esa zona es el hábitat natural del cusumbo andino (una especie de coatí), del venado chonta, de gallos de peña y de varias especies de anfibios. El Gobierno pidió a la empresa operadora del oleoducto que levante información sobre la magnitud del desastre, concretando hasta dónde llega el daño ambiental y la afectación a la salud, con el fin de garantizar acciones de reparación, pero también de definir las sanciones correspondientes.

Con información de: El País

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