Paty Lobeira se va del Ayuntamiento de Veracruz con cifras que presumen orden financiero, pero con una ciudad que aún exhibe carencias estructurales. El discurso del cierre de administración insiste en la estabilidad, el ahorro y las calificaciones crediticias; sin embargo, en la calle el balance no siempre coincide con el reporte contable.

Dejar 102 millones de pesos en caja puede leerse como disciplina presupuestal o, desde otra óptica, como incapacidad, o falta de voluntad política, para ejecutar recursos en una ciudad urgida de inversión. Colonias con servicios deficientes, vialidades deterioradas y problemas crónicos de drenaje contrastan con una administración que presume haber ahorrado cuando pudo haber intervenido con mayor contundencia.

La reducción de la deuda y la calificación AA+ otorgada por HR Ratings son logros administrativos, no necesariamente sociales. Las calificadoras evalúan capacidad de pago, no calidad de vida. Un municipio puede ser solvente y al mismo tiempo ineficaz para resolver problemas cotidianos. Confundir estabilidad financiera con buen gobierno es una trampa frecuente en los cierres de administración.

El argumento de la transparencia, basado en altos niveles de comprobación ante ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación, tampoco está exento de matices. Comprobar gasto no equivale a gastar bien. La ausencia de observaciones graves no borra las críticas por obras tardías, decisiones poco comunicadas o una percepción persistente de gobierno distante en momentos clave.

Veracruz no recuerda este gobierno municipal por una obra emblemática, una reconfiguración urbana o una solución estructural.

El problema es que Veracruz no necesitaba solo un gobierno que administrara, sino uno que se atreviera. El orden y la honestidad son mínimos exigibles, no logros extraordinarios. Convertirlos en el principal legado revela una gestión que prefirió el control al impacto.

CD/GL