-El presidente municipal Alberto Cobos convierte celebración tradicional en evento para privilegiados

Alvarado, Ver.- Lo que durante años fue una celebración popular, una fiesta del pueblo y para el pueblo, parece haberse convertido en un evento exclusivo donde solo entran los amigos, invitados y simpatizantes del poder municipal.

La tradicional fiesta del Arroz a la Tumbada, símbolo de identidad, cultura y orgullo alvaradeño, terminó exhibiendo una práctica que contradice el espíritu de una celebración que pertenece a todos los ciudadanos y no a un grupo político en particular.

La exclusión de la diputada local por el Distrito XVII, Roxana Barragán Hernández, de los festejos de las Cruces de Mayo no solo generó polémica, sino que puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿desde cuándo las tradiciones populares tienen dueño?

De acuerdo con la propia legisladora, personal del Ayuntamiento de Alvarado le impidió el acceso al evento. Un hecho que resulta difícil de justificar cuando se trata de una representante popular electa democráticamente, pero que resulta todavía más grave porque la propia diputada aseguró que acudía no únicamente en su calidad de funcionaria, sino como una ciudadana alvaradeña más, parte de una tradición que ha vivido desde su infancia.

La decisión del gobierno municipal encabezado por Alberto Cobos envía un mensaje preocupante. Cuando las diferencias políticas pesan más que el respeto institucional, las fiestas dejan de ser espacios de convivencia y se convierten en herramientas de exclusión.

Porque el problema no es solamente que se le cierre la puerta a una diputada. El problema es que se normalice la idea de que los eventos financiados, organizados o promovidos por las autoridades puedan utilizarse como filtros políticos donde unos son bienvenidos y otros no.

Las tradiciones no son patrimonio de un alcalde en turno. No pertenecen a un partido político, a una administración municipal ni a un grupo de funcionarios. Son patrimonio de la gente que las ha construido generación tras generación.

Si una representante popular no tiene acceso a una celebración pública por razones políticas, la pregunta obligada es cuántos ciudadanos más podrían ser excluidos simplemente por no simpatizar con quienes hoy ocupan el poder.

Al final, el episodio deja una imagen lamentable. Una fiesta nacida para unir a los alvaradeños terminó convertida en un evento con lista de invitados. Y cuando una tradición popular comienza a administrarse con criterios de exclusividad política, deja de ser una fiesta del pueblo para convertirse en una fiesta VIP del gobierno en turno.

CD/AT