“El verdadero valor de un programa agrícola se mide en el ingreso que deja en las manos del productor.”

Veracruz tiene una actividad primaria muy fuerte. El fomentar el sector primario con programas como el de Apoyo a Granos Básicos que impulsa el gobierno de Veracruz —y su ampliación de 40 mil a 60 mil hectáreas cubiertas con semilla mejorada de maíz, frijol y arroz— se entiende mejor si se le mira como lo que es: una decisión de inversión pública con costos, beneficios y riesgos calculables.

Empecemos por el tamaño del problema. Veracruz siembra alrededor de 595 mil hectáreas de maíz al año, la segunda mayor superficie del país después de Chiapas, y entre ambos estados superan el millón de toneladas de cosecha.

Aun así, el rendimiento promedio nacional de maíz grano se ubicó en 2024 en 3.7 toneladas por hectárea, muy por debajo de las 11.6 toneladas que logra Sonora con riego tecnificado, y también por debajo del máximo histórico de 4.3 toneladas alcanzado apenas en 2023. La brecha entre lo que Veracruz produce con temporal y minifundio, y lo que podría producir con mejor insumo genético, es justamente el espacio económico donde un programa de semilla mejorada puede tener sentido.

La ampliación de cobertura, de 40 mil a 60 mil hectáreas, no es solo un número más grande: es un cambio de escala de 50%, con la entrega de más de 60 mil bultos de semilla híbrida distribuidos entre los ciclos primavera-verano y otoño-invierno. Cada bulto equivale, en la práctica, a una hectárea sembrada sin ese costo de insumo para el productor. Si se piensa en términos de análisis costo-beneficio, el gasto público se concentra en un solo eslabón de la cadena —la semilla— que suele representar entre el 10% y el 20% del costo total de producción de granos básicos, dependiendo de la región y la tecnología usada.

Subsidiar ese eslabón no resuelve toda la ecuación del productor, pero sí reduce una barrera de entrada real, sobre todo para quienes cultivan parcelas pequeñas y no tienen margen para asumir pérdidas si una mala cosecha coincide con semilla de baja calidad.

El resto del paquete —líneas de cribado y encostalado, ensilaje para ganado, trilladoras combinadas— apunta a otro tipo de ganancia: la eficiencia poscosecha. Mejorar la limpieza y el empaque del grano no aumenta la producción, pero sí puede aumentar su valor de venta, porque un grano mejor clasificado accede a mejores precios de mercado. Aquí está el efecto indirecto más interesante del programa: no se mide en toneladas adicionales, sino en el ingreso que un mismo volumen de cosecha puede generar cuando se comercializa en mejores condiciones.

También hay un efecto de sustitución de importaciones que vale la pena dimensionar sin exagerar: México consume alrededor de 42 millones de toneladas de maíz al año, pero solo cosecha cerca de 24 millones, por lo que casi la mitad se cubre con compras externas. Un programa estatal de 60 mil hectáreas no cierra esa brecha —es una fracción mínima del déficit nacional—, pero sí puede mover el margen local: más grano producido en la entidad significa menos dependencia de intermediarios foráneos para abastecer molinos, tortillerías y engordas de ganado dentro del propio Veracruz.

El riesgo, como en cualquier programa de este tipo, no está en el diseño sino en la ejecución sostenida. La semilla mejorada solo rinde su potencial si llega a tiempo para el ciclo de siembra, si va acompañada de asistencia técnica y si el clima no revierte el esfuerzo, algo que ya ha ocurrido en otros ciclos agrícolas del país.

CD/AT