ARTÍCULO / PAULO MARTÍNEZ.- En México, el debate sobre seguridad pública ha comenzado a cruzar una línea peligrosa: la delgada frontera entre proteger a la ciudadanía y convertirla en objeto permanente de vigilancia estatal.

La nueva obligación para vincular la CURP biométrica con cada línea telefónica celular, cuya fecha límite será el próximo 30 de junio de 2026, ha encendido alertas legítimas entre millones de mexicanas y mexicanos que hoy observan con preocupación cómo, bajo el argumento del combate al crimen, el gobierno amplía su capacidad de monitoreo sobre la vida privada de las personas. [HERALDO]

CD/YC