La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 2 de enero de 2009 consolidó el Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Aquella legislación fue sustituida en julio de 2025 por una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que mantiene las evaluaciones de Control y Confianza como requisito para el ingreso y permanencia del personal de las instituciones de seguridad.

La norma federal fue consecuencia de la reforma al artículo 21 constitucional, realizada por el Congreso de la Unión el 18 de junio de 2008, al establecer que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema”, ya que se rigen “por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos”.

Con este fundamento legal se aplican evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas y socioeconómicas en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, para combatir la corrupción y hacerlas eficaces frente a la inseguridad y la violencia en México, cuyo costo económico ascendió en 2025 a cuatro billones de pesos, equivalentes a 220,000 millones de dólares, es decir, 11% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esto según dio a conocer en mayo pasado el Institute for Economics & Peace en el informe 2026, donde advierte que el costo total de la violencia se ha incrementado 19%, es decir, 639,000 millones de pesos, en una década.

De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2026, Tabasco ocupa el lugar 24 entre las entidades del país en nivel de paz, considerando que el impacto económico de la violencia en 2025 ascendió a 91 mil 400 millones de pesos, ubicándolo entre los estados más violentos, por arriba de Zacatecas, Tamaulipas y Sonora. El impacto económico per cápita es de 33 mil 820 pesos, representa entre 10-15% del Producto Interno Bruto y el cambio porcentual de 2015 a 2025 es de 24.4%. Con relación al financiamiento del gobierno federal en materia de seguridad pública y sistema de justicia, Tabasco se encuentra en la novena posición entre los estados que más apoyo reciben.

Ayer, personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado que reprobó los exámenes de Control y Confianza aprovechó la inconformidad salarial de sus compañeros para solicitar al fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros su reinstalación en los cargos, argumentando algunos que fueron separados injustificadamente y otros, por padecer enfermedades crónico-degenerativas.

El fiscal Tonathiu, quien supervisaba las oficinas de la FGE en Huimanguillo, regresó a Villahermosa para atender a quienes protestaban por un ajuste salarial que se pagará a 627 empleados a partir de la segunda quincena de agosto. También dialogó con nueve elementos de la Policía de Investigación, a quienes revisará los exámenes de Control y Confianza que fueron aplicados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para conocer si hubo algún error.

En coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal, que encabeza Omar García Harfuch, la Fiscalía General del Estado mantiene la proximidad social con los tabasqueños y evalúa a su personal para profesionalizar sus servicios y combatir la corrupción.

Dentro de las acciones de proximidad social, el fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros sale de su oficina para atender a las personas que llegan a las oficinas de la FGE, escucha sus quejas y denuncias e inmediatamente solicita a sus colaboradores que le informen en qué estado se encuentran las Carpetas de Investigación o la etapa procesal, en caso de que se hayan judicializadas. De esta manera, informa a los ofendidos sobre los avances en la procuración de justicia, y, si hay un sesgo por parte de algún colaborador, corrige la acción u omisión que el afectado considere que vulnera sus derechos.

En la depuración de los cuerpos policiacos y los sistemas de justicia, los exámenes de Control de Confianza son fundamentales para combatir la corrupción, la impunidad y la violencia criminal, porque al contar con policías, fiscales, jueces y magistrados profesionales y honestos, los ciudadanos tendrán mayores garantías de que quien cometa un delito será detenido y sancionado conforme a la ley.

Por otra parte, los responsables de las dependencias de seguridad pública podrían revisar los controles de confianza cuando existan dudas sobre sus resultados, pero estos no pueden convertirse moneda de negociación.

De acuerdo con estadísticas del INEGI, en México existen 5.1 personas juzgadoras (incluidos jueces y magistrados de los ámbitos federal y estatal) por cada 100 mil habitantes. Tabasco cuenta con cuatro jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, por lo que se encuentra debajo de la media nacional.

Sin embargo, tanto México como Tabasco están muy por debajo de los estándares internacionales que, de acuerdo con referencias atribuidas a la ONU y la OEA, proponen entre 18 y 65 juzgadores por cada 100 mil habitantes.

En concreto, si los responsables de las instituciones de seguridad y procuración de justicia quieren recuperar la confianza ciudadana, que exige paz, tranquilidad y armonía social, tienen la obligación legal de depurar y profesionalizar a quienes previenen e investigan los delitos, así como a quienes judicializan las carpetas de investigación.

El fiscal Óscar Tonathiu Vázquez Landeros tiene esa tarea y esa obligación legal en la Fiscalía General del Estado. Solo requiere disponer de mayores recursos financieros para estimular al personal del sistema de procuración de justicia y lograr que responda a la exigencia de los tabasqueños, además de convertirse en una parte importante en la Estrategia Nacional de Seguridad que implementa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien es el funcionario del gobierno mexicano con capacidad para dialogar de tú a tú con la administración estadounidense de Donald Trump.

CD/AT