Como se ha hecho costumbre en los cambios de estafeta de las administraciones municipales los que se van dejan todo de cabeza para que sus sucesores tengan un enredo y no puedan empezar en forma ordenada sus actividades el 1 de enero.

Esto es porque ellos recibieron de igual manera, todo un desorden, los que llegan se quejan de eso, de haber encontrado un parque vehicular desecho, nada de dinero en caja, exceso de personal, entre otras cuestiones.

Se quejan de todo y por todo, pero no han presentado denuncia alguna en el Congreso local contra exalcaldes que de una u otra manera incurrieron en alguna irregularidad durante su administración.

Hasta el momento las denuncias han sido más mediáticas que legales. Algunas son principalmente de ciudadanos o de los propios exintegrantes de los cabildos por presentar documentación falsa para librar el último año de administración, aunque al Congreso no han llegado.

La comisión legislativa no es autoridad para determinar quien sí y quien no incurrió en ilegalidades, sino que será necesario enviar la documentación que poseen a la autoridad investigadora para que se deslinden responsabilidades.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha señalado que prácticamente la totalidad de los ayuntamientos tienen alguna responsabilidad por haber incurrido en posibles ilegalidades, en algunos casos solo tiene que ver con documentación faltante que no se entregó completa.

Al Congreso no ha llegado ningún señalamiento de parte de las nuevas autoridades municipales.

Los presidentes municipales que terminaron su gestión en diciembre pasado, tienen hasta marzo para responder por observaciones y probables daños patrimoniales de la cuenta pública 2021. Es cuanto.

CD/YC