-Deberán ser liberados

Veracruz, Ver.- El juez segundo de distrito de Veracruz concedió amparo a los jóvenes Manuel Alejandro Benítez Cuervo, Luis Francisco Benítez Cuervo, Brian Alberto Hernández Hernández, Juvencio Encinas Soto y Lorenzo Ortiz Flores y José Leonardo Mejía Salas quienes se encuentran encarcelados desde el 11 de septiembre de este año, acusados del delito de ultrajes a la autoridad.

Los muchachos fueron intervenidos en un centro comercial de Xalapa, y a más de tres meses de permanecer en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, podrán abandonar la cárcel.

El juez que concede el amparo a los detenidos, considera que el delito es inconstitucional, el testimonio por si solo de los policías que los detuvieron no valen, y ordena que en tres días a más tardar los liberen.

El caso ganó notoriedad a raíz de que el senador de la República Ricardo Monreal lo difunde en sus redes sociales, y exige al gobierno de Veracruz derogar el delito de ultrajes a la autoridad, que a partir del 11 de marzo se convirtió en delito grave.

El amparo fue promovido por el abogado defensor Luis Enrique González Lira y en contra del juez de control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa , Andrés García Velasco.

También contra el Secretario de Seguridad Pública estatal; la Fiscal Décima de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Xalapa; la Fiscal Décima Tercera de la misma unidad y el secretario de gobierno de Veracruz.

Ademas del director del penal de Pacho Viejo.

La semana pasada la audiencia de desistimiento programada para los detenidos, fue diferida.

El caso ha sido manejado con gran hermetismo.

El abogado penalista Jorge Reyes Peralta, quien proporcionó copia de la sentencia, indicó que el impulso del caso en el que intervinieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Senado de la República, colegios, barras y asociaciones de abogados obligaron al Juez de Distrito ser cuidadoso con el tema y conceder el amparo.

Es el Congreso local está ya también en análisis una iniciativa presentada por el Partido del Trabajo para derogar la reforma que eleva la penalidad del delito de ultrajes a la autoridad.

CD/GL