No es función de los Gobiernos luchar contra los bulos en un sistema democrático, ya que existen las leyes y los tribunales. Los propios ciudadanos, si poseen suficiente capacidad crítica, son capaces de discernir por sí mismos, lo que es un bulo o no. En todo caso, disponen de estrategias o procedimientos, para saber si las noticias son verdaderas o falsas o si están manipuladas o tergiversadas. La lectura de distintos periódicos en papel o digitales sirve para desenmascarar las noticias falsas.

En relación con los medios de comunicación es evidente que lo son ya que no se puede considerar que no lo son, si no apoyan o están en línea, con la corriente ideológica o las decisiones políticas del gobierno de un país. Es tan simple como esto. No se debe politizar el periodismo ni la justicia y, en mi opinión, es lo que está sucediendo últimamente en España. No puede haber control de los medios de comunicación, por parte de ningún Gobierno, porque desaparece de esta forma la independencia y la libertad de los medios. Porque la libertad de expresión y opinión no admite ningún tipo de censura. No se puede volver a una época anterior de la historia de nuestro país, en la que había la versión oficial de la realidad y cualquier otra interpretación estaba prohibida, porque no gustaba al régimen y todo podía ser objeto de represión.

El control absoluto de las redes sociales es imposible, ya que no se puede limitar las opiniones de miles de millones de internautas, en un mundo globalizado. En cuanto a la medición de las audiencias de los medios periodísticos ya existen rankings como, por ejemplo, OJD que proporciona públicamente varios tipos de datos, no solamente del número de lectores de cada medio digital, también del tiempo de permanencia en las noticias, de modo estadístico y forma fiable.

El plan de regeneración democrática del presidente del Gobierno Pedro Sánchez considero que es, como querer poner puertas al campo, ya que es innecesario. En un mundo tan interconectado como el actual, las medidas de control que se derivan de los planteamientos de Sánchez no existen en ningún país de la Unión Europea similar a España y seguro que también habrá bulos y fango, pero existen procedimientos o demandas ante los tribunales para la determinación de posibles responsabilidades. Además, la presunción de inocencia está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico y nadie se tiene que asustar de que se deje investigar, por parte de los jueces, a personas de las que existen indicios de delito o irregularidades. Los jueces se merecen respeto, son expertos en estas cuestiones y se les debe dejar investigar sin presiones políticas.

La declaración de cualquier investigado, de forma general, es lo más apropiado, si no se tiene nada que esconder. Los familiares de un máximo dirigente de un país, en mi opinión, si son llamados a declarar, por motivos éticos considero que deben responder a las preguntas del juez, con el propósito evidente de esclarecer lo investigado y poner de manifiesto su inocencia. Y si han cometido alguna irregularidad, falta o delito aceptar las responsabilidades pertinentes, pese a quien pese. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley o deberíamos serlo.

Lo que es inaceptable es el nepotismo, el tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, porque son delitos, aunque como es lógico tiene que haber pruebas irrefutables. El ejercicio del poder puede derivar, en algunos casos, hacia actitudes de favoritismo, que superan lo que dicta el ordenamiento jurídico vigente.

En varios países europeos se han producido casos de corrupción de distinto tipo y esto es innegable y está demostrado. No todo vale en el ejercicio del poder y esta es una de las bases de cualquier país democrático. Si vale todo, en función de la discrecionalidad y los deseos de aumentar su poder de los dirigentes políticos máximos de una nación, se produce la agonía de la democracia.

Mantenerse en el poder es una aspiración de muchos dirigentes políticos y es perfectamente legítimo, pero es preciso respetar la libertad de información y la pluralidad de los medios. La prensa y los grupos de comunicación más poderosos no deben intentar controlar como piensan los ciudadanos, a través de la manipulación de las informaciones y de las interpretaciones de la realidad, en función de sus intereses. Y si existe una unión o alianza entre un gobierno y un grupo de comunicación muy potente, la neutralidad informativa de la televisión pública puede desaparecer de facto.

Menos mal que existen también medios de comunicación privados o televisiones y radios privadas, que garantizan la existencia de más enfoques e interpretaciones de la realidad. De otro modo, estaríamos viviendo bajo el monopolio de un único medio de comunicación, en lo relativo a opiniones y libertad de expresión. El contraste y la comparación de opiniones y valoraciones es algo esencial en una democracia deliberativa realmente solidaria y en una gobernanza fundamentada en el análisis minucioso y objetivo de lo que sucede, con derecho a las discrepancias y a los matices.

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CD/YC