La ignorante derecha mexicana, embelesada, no advirtió que la emisaria de la derecha española, la “realeza” Cayetana Álvarez de Toledo, les vendía “cuentas de vidrio” mientras pretendía descubrir “el hilo negro”.

Con evidente satisfacción y admiración la observaba el evasor fiscal Salinas Pliego mientras leía su discurso; parecía asumir que se trataba de un golpe mortal contra la presidenta Sheinbaum, al reforzar la estrategia goebbeliana de convertir la mentira en verdad: la narrativa del “narco-gobierno”, así como la acusación de Trump de que quien gobierna en México es el narcotráfico.

Todo marcharía sin fisuras en el dispositivo discursivo de Cayetana si su audiencia estuviera constituida por sujetos completamente capturados por la ignorancia; pero, al no ser así, es preciso desmontar la operación ideológica en curso. Cayetana -o, más rigurosamente, la maquinaria enunciativa que produce su discurso- incurre en una confusión deliberada: desplaza la problemática del narcotráfico hacia una ficción de soberanía violada que, en realidad, sólo puede sostenerse en términos de injerencia extranjera o de servidumbre interna a intereses imperiales. Y es precisamente ahí donde la derecha española se revela: subordinada, dócil, funcional a una lógica de poder transnacional.

Cayetana y su camarilla del Partido Popular no hacen sino celebrar y legitimar la voluntad de poder de quien encarna -en términos casi freudianos y nietzscheanos- la figura del “Padre de la Horda Primitiva”: Donald Trump, quien, en un gesto de soberanía brutalizada, reduce el derecho internacional a mera retórica vacía y convierte a los organismos multilaterales en decorado inútil. La mediación, el diálogo y la negociación -formas civilizadas del conflicto- son sustituidas por la pulsión de dominio, la amenaza y la violencia, en nombre de una consigna regresiva y mitificada: “Hacer Grande a América”. En ese gesto se desnuda no sólo la barbarie narcisista del líder, sino la bancarrota civilizatoria de quienes, como Cayetana, celebran su gramática de poder.

Fascinados ante la figura de una española que viene a legitimarlos, la debilitada oposición mexicana y el empresario aspirante a un papel a lo Milei -Salinas Pliego, quien se perfila hacia una candidatura presidencial en 2030- asumieron como verdad incuestionable las afirmaciones de Cayetana. Desde esa lógica, sostienen que la transgresión a la soberanía mexicana no proviene del vecino país del norte, a pesar de sus amenazas explícitas y de sus recientes demostraciones de poder en escenarios como Venezuela, Irán y Palestina, que no son sino expresiones parciales de una política exterior históricamente marcada por invasiones, derrocamientos e injerencias, particularmente visibles en lo que va del siglo XXI.

Ahora bien, si se reconoce que la violencia asociada al narcotráfico es un fenómeno grave, es preciso evitar una reducción simplista: dicha violencia no sustituye al Estado mexicano ni anula su soberanía. Por el contrario, las acciones institucionales -como la depuración de autoridades municipales coludidas con estas redes criminales y la confrontación directa del Estado con las organizaciones del narcotráfico- evidencian la persistencia de la capacidad estatal para gobernarse a sí mismo. En ese sentido, la problemática, aunque crítica, no rebasa el principio fundamental de la soberanía: la facultad de un pueblo para autodeterminarse sin subordinación externa.

La confusión conceptual de Cayetana la conduce a una identificación errónea entre Estado y soberanía, como si se tratara de nociones indistintas. Sin embargo, lo que en todo caso puede sostenerse es que el narcotráfico ha generado, en situaciones puntuales, una usurpación fáctica del monopolio legítimo de la violencia que corresponde al Estado, al ejercer de manera localizada funciones de coacción que deberían ser exclusivas del poder público. Este fenómeno se arrastra desde que el expresidente “Felipillo” inició su llamada guerra contra el narcotráfico, en buena medida alineado con los intereses de Estados Unidos, pero sin articular una estrategia multifactorial; redujo el problema a una lógica simplista de confrontar violencia con más violencia.

Hoy resulta evidente que el fenómeno del narcotráfico es de carácter estructural y multifactorial, y que su comprensión exige ir más allá de la respuesta militarizada. Como se ha señalado, cualquier intento serio de abordarlo debe comenzar por atender el núcleo económico del problema: el consumo y la demanda en el mayor mercado de drogas del mundo, es decir, Estados Unidos.

Pero tampoco puede esperarse un análisis riguroso de una oposición desilustrada ni de una élite empresarial apátrida, beneficiaria directa de las bonanzas neoliberales de los gobiernos prianistas. Ambos actores reproducen de manera acrítica el guion de la derecha internacional encabezada por Estados Unidos y acatan las directrices de su secretario de Estado, Marco Rubio: desacreditar a los adversarios del Imperio. En este esquema, delegan en sus operadores locales la tarea de instalar, por reiteración, una ficción sin sustento jurídico ni procedimental: la narrativa del “gobierno‑narco” o “narco‑gobierno”. Se trata de una operación simbólica que busca inscribirse en el inconsciente colectivo de la sociedad mexicana con fines electorales de cara a 2027; de no lograrlo, su destino político será, sin exagerar, el basurero de la historia.

Les invito a asumir una postura seria y a no conceder un protagonismo desmedido a una figura política de vuelo corto como Cayetana, quien hasta hace poco orbitaba en los circuitos frívolos de la corte española y del jet set de las élites económicas -entre Marbella, Ibiza y otros enclaves del ocio global-, para luego ser reciclada por el Partido Popular como un intento de renovación de cuadros ya desgastados.

El problema del narcotráfico, conviene insistir, no es un fenómeno moral ni meramente criminal, sino un problema estructuralmente económico: está regido por la lógica implacable de la oferta y la demanda. Mientras exista un mercado robusto de consumo, existirá inevitablemente una oferta que lo abastezca. En este sentido, resulta indispensable no perder de vista que Estados Unidos constituye el principal mercado consumidor de drogas a nivel mundial. Antes de externalizar culpas, debería asumir el núcleo del problema: la adicción interna de su propia sociedad, que, por cierto, atraviesa una crisis profunda. Por ello, incluso si se optara por la vía absurda del intervencionismo bélico -lanzando misiles contra narcotraficantes en México, Colombia o Venezuela-, la lógica económica se impondría nuevamente: otros actores ocuparían ese espacio, porque en economía no existen vacíos prolongados.

La racionalidad que articula la narrativa de la derecha -y que intenta justificar la injerencia estadounidense en asuntos internos de México- es, en el fondo, una racionalidad invertida. Si se pretendiera actuar con coherencia, el punto de partida debería ser la reducción drástica del consumo de drogas en Estados Unidos. Desde ahí, podría pensarse en la construcción de acuerdos multilaterales entre Estados soberanos, orientados a una estrategia regional, particularmente latinoamericana, para enfrentar de manera integral el fenómeno del narcotráfico, que no es exclusivo de un país, sino un problema compartido por toda América Latina y el Caribe. Ello implicaría, de entrada, que Estados Unidos atienda simultáneamente dos dimensiones críticas: el consumo de drogas y la normalización de la industria armamentista, uno de los sectores que más financia su sistema político-electoral.

Sin embargo, la realidad es otra. Lo que está en juego para figuras como Donald Trump no es la resolución del problema del consumo de drogas en su población, sino la preservación de la hegemonía global estadounidense en un escenario de disputa con nuevos polos de poder, como China y Rusia. En ese contexto, el control del llamado “patio trasero” se vuelve estratégico. No es casual, entonces, la emergencia de figuras empresariales reconvertidas en actores políticos en distintos países de América Latina -Ecuador, Bolivia, Chile-, ni la aparición de figuras como Milei en Argentina, que encarnan una mutación del poder económico en poder político sin mediaciones democráticas sólidas.

México, en este tablero geopolítico, representa una pieza central. De ahí el interés en financiar, organizar y respaldar a una oposición debilitada que, ante su incapacidad de articular un proyecto propio de nación, termina subordinándose a agendas externas. Y cuando ni siquiera esa mediación resulta eficaz, se insinúa la intervención directa.

Volviendo al “magistral e ignorante” discurso de Cayetana, es necesario recordarle -en el plano más elemental de la teoría política- que el Estado no es equivalente a la soberanía. La soberanía de un pueblo consiste, en sentido estricto, en su capacidad de autogobernarse, de darse su propia ley sin quedar subordinado a poderes externos; es, en última instancia, la negación de toda forma de colonialidad. En este marco, la injerencia, la transgresión o la amenaza a la soberanía sólo pueden atribuirse a un agente externo -un Estado extranjero o fuerzas apátridas subordinadas a intereses foráneos- y no a dinámicas internas, por complejas que estas sean.

De ahí que el problema del narcotráfico no pueda ser reducido a una lectura simplista o instrumentalizada políticamente: se trata de un fenómeno multifactorial que desborda las categorías morales y exige un análisis estructural. No es, en modo alguno, una condición exclusiva del Estado mexicano, sino una manifestación de una economía global ilegal que se articula en función de múltiples variables: sociales, políticas y, sobre todo, económicas.

Y aquí conviene insistir sin ambigüedades: el narcotráfico y la economía de las drogas responden a la lógica del mercado. Desde esta perspectiva, Estados Unidos, como principal consumidor y demandante de estupefacientes, se configura como uno de los factores determinantes del problema. Sin demanda, las organizaciones narcotraficantes perderían su rentabilidad; es decir, el fenómeno se vería sustancialmente debilitado en sus bases materiales.

Por ello, cualquier estrategia seria debería comenzar por ese punto: la reducción estructural del consumo en el mayor mercado del mundo. Paralelamente, sería indispensable la construcción de acuerdos entre Estados soberanos que permitan articular una política global coordinada capaz de enfrentar el narcotráfico como lo que es: un fenómeno transnacional que no reconoce fronteras.

Conviene, entonces, no dejarse seducir por las “cuentas de vidrio” de estos renovados discursos colonialistas de baja estofa. Lo verdaderamente preocupante es el nivel de indigencia intelectual de la actual oposición mexicana: incapaz de formular un proyecto propio de nación, ha optado por la maquinaria de la desinformación y la guerra mediática como única estrategia de sobrevivencia política. Bajo esa lógica, difícilmente revertirá su desgaste, pues sigue operando desde una premisa errónea: creer que el pueblo carece de capacidad crítica.

Junio de 2026.

CD/VC