En el otoño de 2020, en medio del auge del debate sobre el cierre de escuelas durante la pandemia, una demanda en California hizo una afirmación seria: el estado había fallado en su obligación constitucional de proporcionar una educación equitativa a estudiantes de bajos ingresos, negros e hispanos, quienes tenían menos acceso al aprendizaje en línea.

Ahora, en un acuerdo anunciado el jueves, el estado ha accedido a utilizar al menos 2000 millones de dólares destinados a la recuperación pospandémica para ayudar a aquellos estudiantes que aún intentan ponerse al día. Y el acuerdo incluye límites sobre cómo se puede utilizar el dinero.

Mark Rosenbaum, el abogado principal de los demandantes, describió esto como un “acuerdo histórico” que garantiza que el dinero se destinará a los estudiantes “más necesitados”.

“Los niños no estaban recibiendo ni de lejos la educación que merecían, y eso estaba arraigado en un sistema de desigualdades desde el principio”, dijo.

El acuerdo exigirá que los distritos escolares identifiquen y evalúen a los estudiantes que necesitan el mayor apoyo y utilicen el dinero en actividades respaldadas por pruebas. La investigación muestra que ciertas intervenciones, como las tutorías frecuentes en grupos pequeños y el tiempo de aprendizaje adicional durante las vacaciones escolares, pueden producir beneficios significativos.

Los funcionarios estatales afirman que el dinero —que provendrá de un fondo más grande de dinero ya reservado para los distritos, a la espera de la aprobación legislativa— forma parte de un compromiso continuo con el servicio a los estudiantes más vulnerables.

“Esta propuesta incluye cambios que la administración cree que son apropiados en esta etapa de salida de la pandemia”, dijo Alex Traverso, portavoz de la Junta de Educación del Estado de California.

La demanda no se centró en las decisiones del estado de emitir órdenes de emergencia durante la pandemia o cerrar escuelas, cosas que casi todos los estados hicieron en la primavera de 2020, sino en la respuesta de California durante el aprendizaje a distancia.

Aunque California tuvo algunos de los cierres de escuelas más prolongados de Estados Unidos, el caso se centró solo en los primeros meses, desde la primavera hasta el otoño de 2020.

Los funcionarios estatales distribuyeron más de 45.000 laptops y más de 73.000 otros equipos informáticos a los estudiantes, según los documentos judiciales del caso.

Pero hasta un millón de niños, aproximadamente una quinta parte de la población de las escuelas públicas de California, se quedaron sin acceso suficiente a las clases en línea hasta septiembre de 2020, según un cálculo en los registros judiciales.

La demanda, que representó a varias familias de los distritos escolares de Oakland y Los Ángeles, describió las consecuencias tras el cierre de las escuelas: algunos alumnos de segundo grado tuvieron clases en línea solo dos veces esa primavera; hermanos tuvieron que compartir una computadora portátil, alternándose para asistir a clases; una familia que vivía bajo la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles solo tenía una conexión a internet débil.

Elizabeth Sanders, portavoz del Departamento de Educación de California, dijo que el estado “actuó de inmediato” cuando los estudiantes fueron enviados a casa desde la escuela y ayudó a obtener un millón de computadoras para los estudiantes para el otoño de 2020.

Sin embargo, la demanda argumentó que California no cumplió con su obligación de proporcionar “igualdad educativa básica”, al señalar que muchos de los alumnos que no tenían internet constante y acceso a la instrucción eran estudiantes de color de bajos ingresos.

Una nueva investigación a nivel nacional publicada esta semana subrayó el impacto a largo plazo de la pandemia y el aprendizaje remoto: los estudiantes de EE. UU. han recuperado solo un tercio de lo que perdieron durante la pandemia en matemáticas, y la desigualdad se ha ampliado, con estudiantes en comunidades pobres en mayor desventaja que hace cinco años.

Aunque casi todas las constituciones estatales tienen disposiciones que han sido interpretadas por los tribunales para exigir una educación pública significativa, equitativa o adecuada, “no he visto tantos ejemplos de recursos similares en otros estados”, dijo Robert Kim, director ejecutivo del Education Law Center, un grupo legal de educación que no participó en el caso.

Otras litigaciones escolares de la era de la pandemia a menudo se han centrado en cierres de escuelas, mandatos de mascarillas y vacunas o la educación de estudiantes con discapacidades.

No obstante, la Constitución de California y la jurisprudencia es particularmente fuerte al enmarcar la educación pública como una “preocupación fundamental del estado”, dijo Kim.

Rosenbaum dijo que California fue elegida en parte porque tiene la población escolar pública más grande del país, con más de cinco millones de estudiantes, pero casos similares podrían haberse presentado en otros lugares.

“Podrías tomar un dardo y lanzarlo a un mapa de Estados Unidos, y le darías a un estado donde los niños sufrieron como resultado de la pandemia”, dijo Rosenbaum, abogado de Public Counsel, un bufete pro bono en Los Ángeles, que trabajó en el caso con abogados del despacho Morrison & Foerster.

La política en California —donde el gobernador y los funcionarios estatales han adoptado la igualdad en la educación— también podría haber desempeñado un papel en el resultado, dijeron expertos legales.

Los 2000 millones de dólares son una fracción del presupuesto general de educación de California, que asciende a más de 100.000 millones al año. El estado también recibió asistencia federal para ayudar a las escuelas a recuperarse de la pandemia, incluyendo 15.000 millones que expiran en septiembre.

La legislación federal requería que solo el 20 por ciento de los dólares se gastara en la pérdida de aprendizaje, con pocos parámetros sobre cómo se gastaba el dinero.

El acuerdo busca adoptar un enfoque más estricto, con más supervisión y responsabilidad para los distritos.

Las familias demandantes no recibirán compensación personal como parte del acuerdo, dijo Lakisha Young, fundadora y directora ejecutiva de Oakland REACH, un grupo de padres que trabajó estrechamente con las familias en la demanda.

Con información de: nytimes.com

CD/JV