- La Guardia Civil halló más obras en Orduña y continúa la investigación por apropiación de patrimonio histórico

España.- El cisma de las exmonjas de Belorado sumó el pasado viernes un nuevo capítulo judicial. Tras pasar más de 16 horas detenidas y una noche en los calabozos de la Comandancia de Burgos, la exabadesa sor Isabel y sor Paloma quedaron en libertad provisional sin fianza y sin medidas cautelares, aunque deberán permanecer a disposición del juzgado por la investigación abierta por la presunta venta irregular de obras de arte histórico pertenecientes al monasterio de Santa María de Bretorena, en Belorado.

La Guardia Civil detuvo a ambas religiosas después de un registro simultáneo en los conventos de Belorado y Orduña (Vizcaya), donde los agentes localizaron un conjunto significativo de piezas artísticas trasladadas sin autorización, entre ellas una imagen de San Antonio de Padua del siglo XVII, ya recuperada.

Los hechos ocurren en medio de un prolongado conflicto interno derivado del cisma de 2023, cuando varias religiosas abandonaron la Iglesia católica y rompieron formalmente con la diócesis de Burgos.

Obras trasladadas sin permiso y un anticuario detenido

La Guardia Civil informó que en el registro realizado en Orduña se localizaron decenas de obras, presuntamente movidas desde Belorado sin autorización legal y ahora puestas a disposición judicial.

Además de las dos religiosas, fue detenido en Valderas (León) un anticuario, acusado de receptación, tras detectarse piezas del monasterio burgalés en una tienda de antigüedades y en plataformas de compraventa por internet.

La Benemérita sostiene que los objetos forman parte de un bien patrimonial protegido, lo que agrava la acusación de apropiación indebida.

Declaración ante el juzgado

A la una de la tarde, las exmonjas fueron trasladadas al juzgado de Briviesca, donde permanecieron casi dos horas antes de que la jueza dictara su libertad provisional. Salieron caminando junto a sus abogados, evitando hacer declaraciones extensas ante los medios reunidos a las puertas del edificio.

Sor Isabel describió su detención como una experiencia “durísima” y “muy difícil”, afirmando que llegó a temer un episodio de ansiedad en el calabozo. “He rezado más que en toda mi vida”, dijo a la prensa.

Sor Paloma, por su parte, afirmó que pasó “frío, hambre y sueño”, aunque destacó el trato “humano” de la Guardia Civil.

Ambas insistieron en que desconocían los motivos exactos de la detención:

“Nunca esperábamos ser detenidas por algo de lo que no teníamos claridad”, aseguró la exabadesa.

Traslado de monjas mayores

Uno de los momentos más tensos del día ocurrió cuando agentes intentaron trasladar a ocho religiosas mayores —de entre 86 y 100 años— a otro monasterio, en cumplimiento de una orden judicial previa.

Sor Isabel acusó a la jueza de actuar con “cero humanidad”, al coincidir este intento de traslado con los registros policiales nocturnos:

“Aprovecharon la operación para lanzar ese torpedo”, reclamó.

“No hubo delito; eran sus bienes”

El abogado de las religiosas, Javier García de Viezma, sostuvo que la venta de objetos fue “totalmente legal”, pues las monjas consideraban que eran “propios bienes” y no patrimonio histórico del convento.

Según su declaración, las transacciones ocurrieron en 2023, cuando sor Isabel era “responsable legítima” del monasterio, antes de que estallara el cisma con el arzobispado.

A su llegada al juzgado, sor Sión, una de las religiosas cismáticas, afirmó que desconocen a qué bienes se refiere la denuncia:

“En los monasterios hay muchas antigüedades y a veces llaman anticuarios interesándose”.

La defensa aseguró que varios objetos estaban anunciados abiertamente en plataformas de compraventa, lo que —dicen— demuestra que no había intención delictiva.

Causa abierta que aún no concluye

Las exmonjas estaban citadas originalmente para declarar sobre otro procedimiento: el uso de vehículos del monasterio, uno de los cuales donaron a afectados por una DANA. Esa diligencia no pudo celebrarse debido a que la defensa presentó una recusación por “enemistad manifiesta” contra la jueza.

La investigación por el supuesto expolio patrimonial sigue abierta, mientras que los objetos recuperados permanecerán bajo custodia judicial.

Con información de: Excélsior

CD/VC