Sean Dunn fue acusado por lanzar un sándwich a un agente federal en D.C.; la fiscal general Pam Bondi dijo que "No solo está despedido, sino que se le ha acusado de un delito grave"

Washington.- Sean Charles Dunn, un exempleado del Departamento de Justicia, fue acusado formalmente esta semana tras presuntamente arrojar un sándwich a un agente federal en el centro de Washington, en el contexto de la toma de control federal de la seguridad pública ordenada por el presidente Donald Trump y del refuerzo de la presencia policial en la capital. En una audiencia inicial el jueves, su abogada Sabrina Shroff dijo al tribunal que “20 oficiales” fueron enviados a arrestarlo y que su cliente, detenido la noche del domingo tras una breve persecución a pie, “fue inicialmente detenido y luego liberado al día siguiente sin cargos”.

El miércoles, según Shroff, Dunn se enteró de que existía una orden de arresto pendiente y la contactó de inmediato. “No tenía forma de entregarlo”, indicó la abogada, al sostener que había intentado localizar a varios funcionarios sin éxito.

Antes de que pudiera presentarse, “20 oficiales acudieron a su puerta el miércoles para arrestarlo por el cargo de agresión grave que ahora enfrenta”, añadió.

Dunn quedó en libertad bajo fianza y su próxima comparecencia fue fijada para principios de septiembre. En el intercambio con la fiscalía, Shroff subrayó que Dunn sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a lo que los fiscales respondieron:

“Alguien que sirvió en el ejército debería saber que no debe agredir a un oficial”. En los documentos policiales, se afirma que el incidente comenzó cuando Dunn confrontó a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la calle 14 del noroeste, gritándoles “fascistas” y preguntando:“¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!”.

Tras cruzar la calle, habría regresado para lanzarles un sándwich de la cadena Subway que impactó en el pecho de uno de los agentes. Dunn “confesó mientras lo procesaban, diciendo: ‘Yo lo hice. Lancé un sándwich’”, de acuerdo con la declaración jurada.

La fiscal general, Pam Bondi, anunció el jueves en redes sociales el despido sumario de Dunn.

“Si tocas a cualquier agente del orden, te perseguiremos”, escribió. “Acabo de enterarme de que este acusado ya no trabajaba en el Departamento de Justicia. No solo está despedido, sino que se le ha acusado de un delito grave”.

Bondi, confirmada por el Senado como fiscal general en febrero, ha descrito el caso como prueba de las resistencias internas a los cambios del nuevo gobierno.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reorientar el Departamento de Justicia”, afirmó.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, también celebró el arresto. En un video compartido en X, sostuvo: “Vamos a apoyar a la policía hasta el final. Así que, ahí tienes, métete tu sándwich de Subway en otro sitio”. A CNN añadió: "La policía no está ahí para que la manden ni la golpeen. Tiene un trabajo que hacer y no debería ser maltratada en el proceso. Cuenten conmigo para apoyar a la policía".

Pirro juró el cargo este año y su oficina ha enfatizado que el delito de agresión a un agente federal es perseguido con rigor bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 111.

La Casa Blanca respaldó la actuación. “Agredir a un agente del orden público es un delito”, dijo en un comunicado. “La administración Trump siempre defenderá a los agentes del orden y exigirá cuentas a quienes intenten hacerles daño”, señaló la portavoz Abigail Jackson.

El episodio ocurre en medio del operativo federal que colocó a la policía de D.C. bajo control nacional y desplegó a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. La decisión generó protestas, aun cuando las cifras oficiales muestran que la violencia se redujo de forma marcada entre 2024 y lo que va de 2025, tras el repunte de 2023.

Según el expediente, a Dunn se le imputa agresión grave. La legislación aplicable —18 U.S.C. § 111— contempla desde cargos por “simple assault” hasta penas más severas si hay contacto físico o intención de cometer otro delito, con sanciones que, en los casos con contacto, pueden alcanzar hasta 8 años de prisión. El caso servirá de termómetro para la estrategia federal en la capital, que combina detenciones de alto perfil con mensajes de línea dura desde el Departamento de Justicia.

Con información de: Excelsior

CD/AT