• Avala el Pleno la iniciativa presentada el pasado 8 de enero por el diputado Diego Castañeda Aburto

Xalapa, Ver.- Con 39 votos a favor y nueve en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que tiene relación con garantizar la imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia de las personas juzgadoras e impartidoras de justicia, aunado a la separación clara de las labores administrativas y jurisdiccionales.

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— Cambio Digital (@CambioDigital) January 11, 2025

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el pasado 8 de enero por el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Diego Castañeda Aburto, complementa la reciente reforma constitucional, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 27 de diciembre de 2024, por la que estableció la elección popular de los cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces de Primera Instancia, así como la creación de dos órganos necesarios para cumplimentar las nuevas expectativas del Poder Judicial local: El Órgano de Administración y el Tribunal de Disciplina.

De acuerdo con el texto del dictamen, el Artículo 57 constitucional precisa que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia se renovará cada tres años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la Presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Para las propuestas de aspirantes a magistradas y magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, de Disciplina Judicial y de Conciliación y Arbitraje. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán, cada uno, hasta tres personas por cada cargo disponible y para el caso de propuestas de aspirantes a juezas y jueces de Primera Instancia, los poderes del Estado postularán hasta dos aspirantes, en los términos previstos.

De igual forma, se establece que la etapa de preparación de la elección estatal correspondiente iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) celebre en los primeros siete días de septiembre del año anterior a la elección.

El Artículo 62 precisa que el Tribunal de Disciplina Judicial se integrará por cinco magistraturas, conforme al procedimiento establecido en la ley. Para ser elegibles magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas deberán reunir los requisitos señalados en el Artículo 58 de la Constitución y haberse distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

Durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada tres años se renovará la presidencia del Tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la Presidencia a quienes alcancen mayor votación.

Por otra parte, se establece que el Pleno del Órgano de Administración Judicial se integrará por cinco personas, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la gubernatura, una por el Congreso del Estado mediante votación calificada de dos terceras partes de los integrantes presentes y tres por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Además, fue aprobada la actualización a los artículos transitorios del Decreto mencionado.

De esta manera, el Congreso del Estado tendrá un plazo de 10 días hábiles posteriores a la remisión de los informes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura relativos a los cargos a renovar en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, para emitir la convocatoria e integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial, conforme al procedimiento previsto en el Artículo 59 de la Constitución.

La integración y remisión final de los listados y expedientes relativos que realice el Congreso del Estado al OPLE deberá efectuarse a más tardar el 20 de marzo de 2025.

Las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, durarán dos y cinco años en el cargo, por lo que su nombramiento vencerá en 2027 para dos de ellos, y en 2030 para los otros tres, en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quien alcance la mayor votación.

En virtud que se modifica el actual esquema de designación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se establece que la persona titular de la Presidencia concluirá su cargo el día que tomen protesta las personas que resulten electas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Para esta ocasión, el periodo de la presidencia del Tribunal de Justicia será de dos años, asignada a la persona que obtenga el mayor número de votos en el proceso electoral citado.

A partir del proceso electoral ordinario 2026-2027, la rotación establecida en el segundo párrafo del Artículo 57 de la Constitución será plenamente efectiva. La persona que ocupe la presidencia y cuya gestión coincida con un proceso electoral ordinario o extraordinario permanecerá en funciones hasta la toma de protesta de las nuevas magistradas y los nuevos magistrados electos.

Posicionamientos

Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Reveriano Marín Hernández anunció el voto a favor de esta bancada, toda vez que, dijo, se homologa el texto constitucional local con el federal y fortalece la independencia y legitimidad democrática del Poder Judicial estatal, ya que las presidencias del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial serán ocupadas por personas distintas, consolidando así la independencia y autonomía del Poder Judicial.

“Queremos un Poder Judicial donde, como dijera José María Morelos, todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”, agregó el legislador.

El diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, adelantó el voto del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a favor, y explicó que esta reforma fortalece los valores de la justicia y dota de una estructura clara y autónoma a los órganos judiciales, evitando injerencias que pudieran apartarse de su función principal. “No es un simple ajuste de normas, es una apuesta por la justicia y la democracia en Veracruz”, aclaró.

Las razones del sentido positivo del voto del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo (PT) fueron expuestas por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, quien afirmó que “la restructuración del Poder Judicial ahora será para el beneficio de todas y de todos y no sólo para unos cuantos”. Esta reforma, agregó, apuesta por un Poder Judicial que escuche y por una justicia más sensible, más ciudadana, cercana a los intereses del pueblo y comprometida con las causas justas de los más necesitados.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó inconformidad por el procedimiento de esta reforma y la falta de convocatoria a las sesiones de las comisiones dictaminadoras, señaló violaciones al derecho parlamentario y falta de lectura y análisis de lo que se vota.

Al hacer uso de la tribuna, la diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), reconoció la necesidad de un proceso modernizador del Poder Judicial que le sitúe a la altura de las problemáticas y exigencias sociales, sin embargo, destacó la importancia de incluir la figura del Parlamento Abierto para realizar adecuaciones constitucionales y legales de fondo que prioricen la procuración de justicia por encima de la impartición.

El legislador Héctor Yunes Landa llamó a un análisis profundo de la reforma propuesta, ya que, a consideración del Partido Revolucionario Institucional (PRI), altera las reglas electorales establecidas, subordina al Poder Judicial al oficialismo y vulnera la independencia y autonomía administrativa al incluir a los poderes Ejecutivo y Legislativo como integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial.

CD/YC