Tribunal Superior de Justicia promueve conversatorio en el que convergen instituciones de salud y de procuración y administración de justicia

Villahermosa, Tab.- Para fortalecer acciones de concienciación sobre derechos humanos, el Poder Judicial auspició el conversatorio Obligaciones, efectos y alcances de la acción de inconstitucionalidad 148/2021, relativa a la penalización del aborto, en el que se propuso la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en prisión preventiva por la comisión de delitos relacionados con la interrupción del embarazo.A nombre del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, el magistrado Lorenzo Justiniano Traconis Chacón consideró el tema de suma relevancia pues se busca concienciar a los servidores judiciales sobre el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, que merecen un trato digno.

Por ello, señaló deben emitir resoluciones que atiendan los principios pro persona, de presunción de inocencia y no discriminación, con los que se favorezca a las mujeres que se enfrenten una investigación en libertad o en prisión preventiva por haber interrumpido su embarazo, para que queden en libertad inmediatamente.

Irma Salazar Méndez, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del TSJ, aseguró que en este tema todos los días se avanza y se reconocen los derechos de las mujeres. Tan sólo el 24 de mayo pasado el pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la constitucionalidad de disposiciones que permiten el acceso a los servicios de salud para el ejercicio del derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y las personas con capacidad de gestar a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Es indudable que estas resoluciones tienen un impacto importante en las entidades federativas y en la vida de las mujeres, mientras que, de manera general, para el Tribunal Superior de Justicia, brindan nuevos elementos de valoración para la construcción de un nuevo andamiaje institucional en el que la protección y garantía de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres, se redimensionan, observó.

En el encuentro participaron como ponentes la jueza de control y tribunal de juicio oral, Griselda Reyes Campos; Javier Vidal Cornelio, director de Delitos Comunes de la Fiscalía General de la entidad, y Laura Alejandra Gómez Olmedo, jefa del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud.

Ante pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la doctora Laura Alejandra Gómez Olmedo afirmó que como sociedad tenemos una deuda histórica con las niñas, adolescentes y mujeres porque Tabasco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en embarazos infantiles, un tema no menor, pues aunque no hay estadísticas exactas se estima que cada año 300 menores de entre diez y 14 años son madres, que no saben que están en una situación de abuso sexual y la sociedad y el Estado están siendo omisos al permitir que niñas críen niños.

Se les coloca en una situación de vulnerabilidad, de ahí la necesidad de abordar el tema de la despenalización porque ellas deben saber que tienen el derecho de interrumpir un embarazo en una situación como esa o porque están truncando un proyecto de vida. “Por supuesto que accederían a esto, no estoy diciendo que todas, pero un porcentaje lo haría”, apuntó.

Gómez Olmedo urgió actualizar el Código Penal de Tabasco que establece que la violación es una de las causales para la interrupción del embarazo, pero no estipula hasta qué semana después de la concepción, ya que esta laguna legal genera una reacción cautelosa del personal de ginecología y obstetricia debido a que este ordenamiento no está actualizado y siempre hay cierto temor sobre las consecuencias jurídicas, aseveró.

Agregó que el conversatorio promovido por el Tribunal Superior de Justicia es también la oportunidad para llevar el tema al Congreso del estado y atender las obligaciones que la Suprema Corte de Justicia ha establecido en materia de salud para la despenalización del aborto.

Indicó que es menester desestigmatizar la palabra aborto, vocablo al que está acostumbrado el personal médico. Es parte de la formación de la carrera y según las estadísticas entre 20 y 25 por ciento de los embarazos naturales, ya sean deseados o no deseados, planeados o no planeados, terminan en aborto y en un porcentaje de ese 25 por ciento la mujer ni siquiera se da cuenta de la interrupción del embarazo.

Hay abortos espontáneos debido a cuestiones médicas, autoinmunes y por muchísimas otras situaciones médicas debido a los cuales las mujeres sufren la interrupción del embarazo de manera espontánea. Y también hay abortos inducidos que son los que están sujetos a revisión legal, manifestó.

Con la magistrada penal Guadalupe Cadena Sánchez como moderadora, Javier Vidal Cornelio, director de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, sostuvo que este tema controversial causa división entre la sociedad entre los que apoyan el aborto y quienes no lo hacen.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado e invalidado normas estatales que violan derechos, autonomía y la libertad reproductiva a las mujeres al criminalizar a todas aquellas quienes deciden no continuar un embarazo.

Estableció que el tema central de esta acción de inconstitucionalidad, 148/2021, es la libertad de decidir de la mujer o de la persona gestante, lo que significa una llegada de madurez en la interpretación de los derechos humanos de este sector de la población que esta fundamentada en la libertad al libre desarrollo de la personalidad, la libertad sexual, bajo los principios de igualdad y no discriminación entre hombre y mujeres. Al criminalizar el aborto se estaría cayendo en un error de origen pues la libertad de decidir está protegida por la Constitución mexicana, dijo.

Vidal Cornelio mencionó que la interrupción del embarazo se debe analizar sin estereotipos, sin cuestiones de religión, apartada de la moral y únicamente bajo estricto Derecho y con perspectiva de género.

Un largo recorrido por defender derechos
Griselda Reyes Campos¸ jueza de control y tribunal de juicio oral, recordó que la despenalización del aborto en México ha sido un largo proceso, una lucha de más de cien años. Relató que la primera propuesta se registró en 1920 y posteriormente, tras intentos que no prosperaron, 21 estados incluyeron en 1997 cuatro causales para aprobar un aborto en sus códigos penales.

Esto es, por motivo de una violación, porque ponga en riesgo la salud de la madre, por un inminente peligro de muerte y por una inseminación no deseada. Hasta 2007 el entonces Distrito Federal fue el primero en despenalizar el aborto y estableció que la mujer no debe tener ninguna de las causales anteriores sino que este podría darse por el simple hecho de no desear continuar el embarazo.

Este hecho generó que grupos conservadores iniciaran reformas a las constituciones de l8 estados para proteger la vida desde el momento de la concepción lo que significó un retroceso pues muchos lo consideraban un candado para la total despenalización del aborto.

En 2021 se registró un avance más significativo cuando cuatro estados despenalizaron el aborto, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Colima, y este año se sumaron dos más, Sinaloa y Guerrero. Actualmente nueve entidades no sancionan penalmente esta conducta.

CD/GL