En el marco de los festejos del próximo Bicentenario de la Consumación de la Independencia de nuestro país, con la finalidad de conmemorar la entrada del Ejército Trigarante, dirigido por Agustín de Iturbide, a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, resulta pertinente revisar el Acta de Independencia del Imperio Mexicano como lo que estrictamente es: un texto con un discurso y una intertextualidad.

De entrada, nuestra libertad está vinculada más a intereses comerciales de España que a otros factores, pues dicha nación, en 1820, se declaró en bancarrota y estaba perdiendo los vínculos mercantiles con las colonias americanas. Prueba de ello es que, entre 1821 y 1823, el gobierno de Agustín de Iturbide emitió monedas de cobre, plata y oro –reactivando las minas españolas- y decretó la fallida expedición de los primeros billetes mexicanos.

Recordemos que, a partir de 1810, inició la firma de actas de emancipación en América, empezando por Colombia, en dicho año; Venezuela (1811), y Argentina (1816). En 1821 suscribieron esa declaratoria Perú y América Central, capitanía conformada, en ese entonces, por los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. En 1822, Brasil se proclamó independiente de Portugal y, en 1825, se firmó el Acta de Independencia de Bolivia. Cuba fue el último país en lograr su autonomía de España el 20 de mayo de 1902.

Por otra parte, si bien, cualquier acta, por su naturaleza jurídico-administrativa, es autónoma de otra, en este caso, los antecedentes sí están mencionados (Plan de Iguala y Tratados de Córdoba) y conforman una intertextualidad evidente, por ejemplo, en la mención a una Junta Provisional Gubernativa para legislar a la nación. Este grupo estaba conformado por 38 personas pertenecientes a las más altas clases sociales y que fueron quienes firmaron dicho documento, incluyendo a Agustín de Iturbide y Juan O´Donojú, cuya firma fue agregada, posteriormente, en las copias impresas del acta, según el Análisis Paleográfico sobre el Acta de Independencia (1961) elaborado por la historiadora Guadalupe Pérez San Vicente, el cual se localiza en el Archivo General de la Nación.

Desde el plano morfosintáctico, en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano pred ominan oraciones en voz pasiva e impersonales, con una superestructura muy estereotipada que utiliza un vocabulario conservador y fijado a través de fórmulas y frases hechas distantes del lenguaje coloquial del siglo XIX. Asimismo, abundan sustantivos y adjetivos más que adverbios; se utiliza el tiempo futuro del Modo Indicativo con valor imperativo; tiene una sintaxis compleja de frase larga y periodo amplio en la que predominan oraciones subordinadas.

En cuanto a la dimensión semántica de este documento, podemos apreciar que no tiene un destinatario específico, ya que, por el lenguaje político empleado –tecnolecto, propiamente- es evidente que busca protocolizar una consumación con valor legal al quedar registrada por escrito. No olvidemos que las declaraciones de independencia están redactadas con el fin de que otros países reconozcan la soberanía e invitarlos a establecer relaciones diplomáticas e internacionales, más que como una declaración de principios sociales o humanistas.

Al respecto, la académica Iraís Margarita Machorro Méndez, en entrevista, considera que este texto refleja la cosmovisión de la época, la cual destaca por su religiosidad en dos puntos: en la manera de elogiar y la prueba de validez a la que recurre. Para buscar la adhesión de otras entidades utiliza valores universales y abstractos compartidos tanto en valoración positiva como negativa. De manera que, con este acto declarativo relevante, expresado como una expresión del habla, se creó la nación que hoy vivimos.

Cabe mencionar que, en cuanto a su existencia, nuestra Acta de Independencia, que en realidad se consolidó con el tratado Santa María Calatrava (España, 1836), fue redactada en el Palacio Nacional por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Se elaboró dos ejemplares originales del documento. Uno quedó calcinado en el incendio de la Cámara de Diputados en 1909. La otra copia, fue robada y vendida en 1830; recuperada por Maximiliano de Habsburgo y sacada del país por Agustín Fischer, confesor del emperador. De mano en mano, llegó a Florencio Gavito Jáuregui, quien la entregó, personalmente, al presidente Adolfo López Mateos en 1961. De manera que, durante más de 100 años, no tuvimos dicha acta en nuestro país, la cual se conserva, actualmente, en la bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación.

En ese tenor, vale la pena recordar también que, de acuerdo con algunas versiones periodísticas, en el rancho “El Faunito” incautado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa fue hallado un facsimilar del Acta de Independencia y un cuadro con el supuesto original de los Tratados de Córdoba.

La historia es un lenguaje interpretativo sin fin. Por ende, dejo hasta aquí esta breve revisión discursiva para sumarme a los festejos, toda vez que México, como otros países de América, ha celebrado más el inicio de su lucha por la independencia, en lugar de la consumación.

CD/GL