- Presunto pacto por basura entre municipios desata indignación entre pobladores

Tatahuicapan, Ver.- A raíz de la asamblea pública celebrada en Tatahuicapan han surgido señalamientos graves por parte de habitantes, ejidatarios y autoridades comunitarias respecto a posibles acuerdos no transparentes entre autoridades municipales relacionados con el manejo de residuos sólidos.

En dicha asamblea fueron mencionados directamente el alcalde de San Pedro Soteapan, Zósimo Ramírez López, y el alcalde de Tatahuicapan, Vladimir González Hernández, a quienes asistentes y representantes comunitarios atribuyen haber sostenido conversaciones o intentos de acuerdo para el traslado o almacenamiento de residuos en territorio ejidal de Tatahuicapan, sin consulta previa a la población.

Estas versiones han generado una profunda inconformidad social, particularmente por la percepción de que decisiones de alto impacto ambiental y territorial estarían siendo tomadas fuera de los mecanismos formales de participación ciudadana.

Asimismo, la síndica municipal, Olivia Granados Lara, fue señalada durante la asamblea por justificar dichos planteamientos bajo la lógica de una supuesta “cooperación intermunicipal”, vinculada al posible intercambio de apoyos en materia de servicios básicos, como el agua potable, lo cual fue ampliamente cuestionado por los asistentes.

La regidora Xóchitl Martínez Revilla manifestó públicamente su desacuerdo, señalando no haber sido informada de los presuntos acuerdos, además de denunciar limitaciones en el ejercicio de sus funciones dentro del Cabildo, lo que agrava las preocupaciones sobre la transparencia institucional.

Por su parte, el comisariado ejidal, Fidencio Bautista Gutiérrez, se deslindó de decisiones atribuidas al gobierno municipal, enfatizando la autonomía del ejido y aclarando que las acciones de defensa del territorio corresponden a la organización comunitaria, no a acuerdos externos ni decisiones unilaterales de autoridades municipales.

Es importante subrayar que los hechos aquí referidos corresponden a señalamientos expresados en asamblea pública y a versiones difundidas por habitantes y representantes comunitarios, por lo que deben ser atendidos con responsabilidad institucional, transparencia y apego a la legalidad, evitando la descalificación o la omisión de la exigencia social.

Ante este contexto, la ciudadanía exige: Transparencia total sobre cualquier reunión, minuta o acuerdo entre los municipios involucrados. Deslinde claro de responsabilidades por parte de Zósimo Ramírez López y Vladimir González Hernández.

Así como una explicación pública de la postura de la síndica Olivia Granados Lara. Garantías para el libre ejercicio de funciones de la regidora Xóchitl Martínez Revilla. Respeto absoluto a la autonomía del ejido encabezado por Fidencio Bautista Gutiérrez.

De la misma manera suspensión de cualquier acción relacionada con el manejo de residuos hasta que exista consulta comunitaria formal.

Este conflicto no puede reducirse a declaraciones políticas ni a comunicados administrativos. Se trata de un tema de confianza pública, gestión territorial y derechos colectivos.

La ciudadanía ha sido clara. Las decisiones sobre el territorio deben tomarse con su participación, no a sus espaldas.

CD/AT