Reconocen institutos Nacional Electoral y Electoral y de Participación Ciudadana apertura del Poder Judicial para enfrentar esta problemática

Villahermosa, Tab.- Las autoridades electorales no podemos ser ajenas a la violencia contra las mujeres, por eso se implementó la plataforma 3de3, para que violentadores no lleguen a los puestos de elección popular, y en esa razón es necesaria la sinergia entre autoridades, puntualizó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, al disertar la conferencia ¿De qué va la 3de3 contra la violencia hacia las mujeres y los tribunales de Justicia?

Beatriz Zavala aseguró que la violencia es un tema estructural que se debe atender desde todos los ángulos por lo que con los organismos públicos electorales, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade), las fiscalías generales de Justicia y los tribunales superiores de Justicia de los estados, se busca integrar un registro de las personas violentadoras.

Refirió que al día de hoy el Estado mexicano no cuenta con un registro consolidado de personas sentenciadas por estas conductas y este es un tema muy relevante porque la ausencia de datos impide que las políticas públicas o acciones como estas puedan concretarse, sentenció.

De ahí la necesidad de esta relación con los tribunales superiores de Justicia porque deben proporcionar los insumos para determinar si una persona reúne o no el requisito de tener un modo honesto de vivir que el artículo 34 de la Constitución señala indispensable para ejercer los derechos político-electorales. Además, indicó que de acuerdo a una sentencia de la sala regional Xalapa del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio sentido y contenido al texto constitucional, una persona violentadora no cumple este requisito.

“Y no es excesivo, ni es un requisito que salga del contexto. Lo legal está alineado con las obligaciones de las instituciones para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar todos los tipos de violencia en razón de género”, apuntó.

Zavala Pérez agradeció a los tribunales Superior de Justicia (TSJ) y Electoral de Tabasco (TET), así como los institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT), por hacer posible el encuentro desarrollado en el auditorio Antonio Suárez Hernández, para analizar un tema relevante para la sociedad mexicana.

Todos tenemos que caminar hacia la erradicación de la violencia y uno de los logros que se tiene hoy, que se puede considerar un logro, es que en la ley ya esté reconocida la violencia política en razón de género y por ahí hay que empezar, señaló la consejera del INE.

Todo el apoyo del Poder Judicial
Al darle la bienvenida a nombre del titular del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, el presidente de la primera sala penal, Gregorio Romero Tequextle, reconoció este importante trabajo iniciado por mujeres que se preocupan por un tema que sigue siendo un estigma de nuestra sociedad.

Consideró necesario que no lleguen a los puestos públicos personas que han infringido la ley, que han hecho suya la violencia por razones de género, quienes han violentado mujeres de distintas formas, así como los que ejercen violencia de carácter económico, deudores alimentarios o acosadores sexuales. Por ello, estimó impostergable que “no lleguen ni los que se eligen ni los que se designan, ni ninguno a algún puesto público”.

Agregó que dejar subir a los puestos de elección popular o de designación a un acosador, por ejemplo, significa ponerlo en ventaja para continuar esta conducta con las personas que trabajan en esa oficina y quienes necesitan el servicio que presta esa oficina.

Por eso es importante, dijo, que así como hace algunos años se habló de plataforma 3de3 para combatir la corrupción ahora hagamos nuestra las 3de3 para combatir la violencia contra las mujeres. “Y que quede claro, no es una cuestión electoral, no es solamente de justicia, es una cuestión también de legislación y de obligación para todos los ciudadanos”, observó.

Romero Tequextle ofreció que desde el Poder Judicial se pondrá todo el esfuerzo para que se tenga a tiempo --y cuando lo pidan los organismos electorales-- la información que corresponda sobre sentenciados por acosadores o por acoso sexual por violencia por razones de género y los deudores alimentarios. “Para que aquellos que han infringido la ley, pero más que nada que sin ética, sin humanismo, han ofendido y han lesionado a la mujer reciban también a través de la cuestión electoral el castigo que les corresponde”.

Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo, consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, resaltó la apertura del Tribunal Superior de Justicia para coadyuvar a la solución de esta problemática que obedece a una respuesta del Estado mexicano a todas aquellas obligaciones convencionales, constitucionales y legales que se tienen para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra mujeres y niñas.

La medida 3de3 se inició en el INE y los organismos públicos electorales la replicaron con el fin de que no lleguen a los cargos de poder personas violentadoras, porque si bien tenemos grandes avances en materia de violencia política contra las mujeres esta medida tiene un enfoque no precisamente hacia mujeres que están en el ámbito público o político, sino aquellas que han tenido una desafortunada relación o encuentro con personajes que posteriormente quieren postularse y ser parte de la vida pública en cargos de elección popular.

Y para trabajarla, para hacer que funcione, necesitamos la colaboración de otras instituciones como los tribunales superiores de Justicia, los cuales poseen la información correspondiente de las sentencias que se han dictado respecto a esas violencias, manifestó.

Margarita Concepción Espinoza Armengol, presidente del Tribunal Electoral, sostuvo que como autoridades se tiene la obligación de empujar este tipo de temas, porque todas estas conductas llevan a una cuestión social y de responsabilidad de todas las autoridades involucradas y es importante que se sepa que este tipo de acciones tienen castigo, porque si bien es cierto la violencia familiar, el incumplimiento de las obligaciones no es competencia electoral sí es una consecuencia.

Porque de ahí tenemos que empezar también a inhibir actos de violencia contra de mujeres, si bien es cierto va a repercutir en quien tenga una aspiración de gobernar a la sociedad, tengan por seguro que todas las autoridades haremos lo posible por que violentadores no lleguen a esos cargos, para asegurar que llegue gente íntegra porque es la que necesitan nuestra Nación, estado, municipio y la comunidad en general.

CD/GL