Como todo lo que propone el presidente de México su iniciativa de reforma electoral divide opiniones. Para sus opositores esta propuesta no pasará, simple y llanamente, y más allá de otros temas polémicos, porque pega en el bolsillo de las burocracias partidistas al desaparecer el financiamiento público ordinario y solo dejarlo para las campañas electorales.

Por ello, más allá de que contenga elementos novedosos y necesarios para reducir los costos gigantescos de los procesos electorales, asegurar una mejor representación política en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y en los ayuntamientos, la iniciativa será difícilmente aprobada porque Morena no dispone del control total y necesita los votos de parte de la oposición para sacar adelante cualquier reforma constitucional.

Y más porque desde el gobierno lopezobradorista se ha enrarecido el ambiente y alejado la posibilidad de construir acuerdos al persistirse en tildar de traidores a la patria a los legisladores que rechazaron la reforma eléctrica que quería el presidente de México y que son los mismos con quienes se deben sentar a negociar la reforma electoral.

De ahí que solo en la medida en que tanto el presidente López Obrador como los dirigentes y legisladores de su partido atemperen o eliminen los calificativos en contra de los adversarios políticos podrá avanzar la propuesta. Porque podrán organizar foros y asambleas informativas para dar a conocer los alcances de la iniciativa, pero a quienes deben convencer son a los diputados de oposición.

Por otro lado, se ha argumentado también que desde hace cinco décadas las reformas electorales han sido propuestas por la oposición a raíz de la experiencia de la elección inmediata anterior y no desde el gobierno en funciones. Así tenemos como ejemplos la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles que abrió la representación a los partidos minoritarios en 1977, la que ciudadanizó en los años noventa al órgano electoral encargado de organizar los comicios y dejó fuera al gobierno, y la que en el 2007 modificó las reglas de la comunicación tras los excesos de la campaña negra en televisión en las campañas del 2006 cuando AMLO era “el peligro para México”. Ahora la propuesta viene del gobierno y se ha subrayado que llama la atención que todas las reformas previas se hicieron después de las elecciones intermedias y no antes de una presidencial como ocurriría ahora.

Esta iniciativa de reforma político-electoral, que a decir de López Obrador es más una reforma democrática, representa una de las prioridades de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y se buscará su aprobación entre agosto y octubre próximos, una vez pasadas las elecciones en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas que habrá este año.

Como muchos analistas se preguntan es ¿por qué el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que por mayores bondades que pudiera contener estaría condenada al rechazo de los legisladores de oposición?

El espíritu de esta reforma es el de quitar privilegios, hacer más barata la democracia, con un ahorro superior a los 20 mil millones de pesos anuales, y conseguir que los ciudadanos sean representados de manera más directa, ha dicho el presidente de México. Para ello contempla 18 modificaciones a la Constitución e incluye siete artículos transitorios.

Su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, la desaparición de los OPLEs y los Tribunales Electorales Locales para que el nuevo INEC sea el único encargado de la organización de las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal, impulsar el voto electrónico, y la mayor sorpresa: la reducción en el número de curules en las cámaras de diputados y senadores, pero no a través de la eliminación de los diputados plurinominales, como se pensó en un principio, sino en la supresión de los diputados de mayoría relativa, para dejar exclusivamente a diputados de representación proporcional, ahora sobre la base de 32 listas, una por entidad, y no de las cinco circunscripciones presentes hasta ahora. Mismo mecanismo que operaría en la elección de los congresos estatales y los ayuntamientos que también verían reducido al número de sus integrantes a partir de criterios poblacionales.

Un paquete completo que ha generado ya una gran polémica, pero lo que más ha sido cuestionado es que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas se integre por siete consejeros elegidos por sufragio directo y popular sobre una lista de 60 candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo a expertos esto daría lugar a que el presidente y Morena podrían tener el control de las dos terceras partes de esas listas, tanto de conejeros del INEC como del Tribunal Electoral, lo cual sin duda sería un retroceso y sobre todo porque la integración de estos organos precisan de expertos en la materia y no de personajes populares que serían votados en una elección; y en este punto, además, surge la duda respecto a si harán campañas o cómo se conocerán los perfiles de los aspirantes.

Otro tema que requiere una amplia discusión es el relativo a la reducción en el número de legisladores del Congreso de la Unión, de los congresos de los estados y de los ayuntamientos, asunto en el que creo hay consenso popular y que es plausible pero que no ha sido bien recibido por los partidos de oposición, pues limita el número de espacios a repartir para una clase política que, dicho sea de paso, poco abona en los espacios legislativos y que significa un enorme gasto anualmente, pues se ha medido que solo el once por ciento de los diputados participa en tribuna en los debates y el resto solo vota y cobra puntualmente sus dietas.

El tema del ahorro que representa la iniciativa es de llamar la atención, porque si a la reducción en el numero de legisladores federales, locales y de ediles le sumamos la desaparición de los órganos electorales y de los tribunales de los 32 Estados de la República, aunado a la eliminación del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, efectivamente estamos ante un escenario ideal de abaratar el costo de las elecciones.

Como puede verse son muchos los temas que implica la reforma electoral propuesta por el presidente de México que no pueden ni deben desecharse a priori, solo por extremismos y posiciones polarizadas, o por fobias hacia la 4T, sin mediar el análisis de sus implicaciones. Dada la brevedad del espacio y la importancia del tema, a ello nos dedicaremos en una segunda entrega de esta columna.

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