Se cumple una semana de la toma de instalaciones del Poder Judicial del Estado en Orizaba de parte de abogados locales que se oponen, sin diálogo, a la reubicación del Juzgado Sexto a Nogales.)

Por cuestiones políticas y de intereses personales, los especialistas en derecho han secuestrado la impartición de justicia por varios días, lo que se antepone a su petición inicial de beneficiar a demás justiciables, cuando con sus acciones han hecho todo lo contrario, afectando a miles de ciudadanos que no han podido resolver sus asuntos por el cierre de instalaciones.

Hasta ahora, desde el Poder Judicial se ha planteado un diálogo con los abogados que se dicen afectados, pero solo se han encontrado negativas. Olvidan quienes mantienen tomada la impartición de justicia en Orizaba que, cometen actos que están fuera de la ley, al rehusarse a brindar un servicio a la población y evitar que los operadores jurídicos y administrativos realicen sus funciones.

De acuerdo al artículo 329, se impondrán de seis meses a un año de prisión y multa hasta de veinte días de salario a quien rehúse prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue o desobedezca un mandato legítimo de autoridad.

También comete este delito, quien desobedezca una medida precautoria, u orden de protección dictada por el Ministerio Público o por una autoridad judicial.

Cuando la ley autorice el empleo de medios de apremio, el delito sólo se consumará después de haberse agotado aquéllos.

Asimismo, se aplicarán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien impida que la autoridad ejerza sus funciones o resista el cumplimiento de una orden cuya ejecución se lleve a cabo en forma legal. De emplearse violencia física o moral, la sanción se agravará hasta en un año.

A todo este escenario se suma el descontento de la población de que los abogados mantengan cerrados los juzgados, pues no avanzan sus casos y este retraso afecta directamente a miles de familias veracruzanas.

CD/JV