Colombia.- La detención del juez mexicano Luis Benítez Alcántara en Colombia abrió una controversia judicial internacional, luego de que su defensa rechazara las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y exigiera que cualquier posible irregularidad relacionada con su desempeño como juzgador sea investigada por las instituciones mexicanas.

El abogado Miguel González Sánchez sostuvo que corresponde al Estado mexicano determinar si existió alguna responsabilidad durante el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las leyes nacionales y mediante los procedimientos establecidos.

A través de un comunicado, la defensa argumentó que las decisiones adoptadas por el funcionario en su calidad de juez deben ser examinadas por las autoridades competentes de México, con pleno respeto a sus garantías legales.

Fue detenido cuando intentaba regresar a México

Benítez Alcántara, de 49 años, fue arrestado el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Bogotá, cuando se preparaba para abordar un vuelo con destino a la Ciudad de México.

La operación fue realizada por la Policía de Colombia en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), en cumplimiento de acciones relacionadas con una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Las autoridades colombianas consideran que la captura forma parte de las investigaciones contra posibles redes de corrupción institucional que habrían facilitado operaciones de organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Estados Unidos lo acusa de favorecer a presunto narcotraficante

De acuerdo con la acusación estadounidense, el juez enfrenta nueve cargos relacionados con su presunta participación en actividades de encubrimiento y apoyo a una estructura criminal.

Las investigaciones señalan que durante 2024 Benítez Alcántara intervino en procedimientos de extradición vinculados con Andrew Clark, ciudadano canadiense investigado por su supuesta relación con una organización asociada al exatleta olímpico Ryan Wedding.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el juzgador habría recibido un soborno para favorecer la liberación de Clark durante 2025.

Sin embargo, su defensa rechazó categóricamente esa versión y aseguró que las resoluciones judiciales fueron emitidas conforme a derecho.

El abogado González Sánchez afirmó que su representado no ordenó una liberación ilegal ni pretendió facilitar que el ciudadano canadiense evadiera la acción de la justicia.

Asimismo, expresó su disposición a colaborar con las investigaciones, siempre que se respeten el debido proceso y la presunción de inocencia.

Investigan posibles reuniones con grupos criminales en Colombia

Otro de los aspectos que examinan las autoridades colombianas es el motivo de la presencia del juez mexicano en Bogotá.

El coronel Elver Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, señaló que una de las hipótesis bajo investigación apunta a que Benítez Alcántara habría viajado para sostener encuentros con integrantes de organizaciones relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

Tribunal mexicano también abrió investigación

Mientras continúa el procedimiento de extradición, el Tribunal de Disciplina Judicial de México informó que inició una investigación de oficio para revisar los hechos atribuidos al funcionario.

El organismo también confirmó la existencia de cuatro investigaciones administrativas adicionales relacionadas con su desempeño como juzgador, aunque aclaró que esos expedientes son independientes del caso de presunto narcotráfico.

Por ahora, Luis Benítez Alcántara permanece bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de que se resuelva el procedimiento correspondiente a la solicitud estadounidense.

La defensa insiste en que las posibles responsabilidades derivadas de sus resoluciones judiciales deben ser examinadas en México, mientras que las autoridades de Estados Unidos mantienen las acusaciones que dieron origen a su captura internacional.

CD/YC