La disputa por los candidatos, los proyectos de Estado
y la ciudadanización de la Cuarta Transformación

Urgente y Necesario

Una transformación histórica no se consuma

cuando el pueblo lleva a alguien al poder,

sino cuando el poder deja de estar por encima del pueblo.

LETOAN

A veces una declaración política produce más daño que una derrota electoral. No porque modifique por sí misma la correlación de fuerzas, sino porque puede destruir los últimos vestigios de credibilidad sobre los que una organización política pretende reconstruir su futuro.

La reciente confesión del expresidente Vicente Fox, al afirmar que hizo ganar a Felipe Calderón en las controvertidas elecciones presidenciales de 2006, constituye uno de esos acontecimientos. No estamos ante una simple indiscreción de un expresidente. Estamos ante una declaración que vuelve a colocar bajo sospecha la concepción del poder que acompañó a la primera alternancia presidencial del México contemporáneo.

Fox no solamente afirmó haber trabajado para que Calderón ganara. Reconoció que se propuso conservar la Presidencia para su partido y comparó la sucesión presidencial con la decisión empresarial de entregar la administración de un negocio.

Ahí está la gravedad política de sus palabras.

La Presidencia de la República no es una empresa, el Estado no es propiedad de un partido y los ciudadanos no son empleados de quienes temporalmente administran el poder público.

Resulta particularmente significativo que semejante declaración provenga del hombre que llegó a la Presidencia en el año 2000 bajo la promesa de terminar con las prácticas autoritarias del viejo presidencialismo mexicano.

La alternancia, presentada como el inicio de una nueva etapa democrática, aparece ahora confrontada con una confesión que obliga a revisar la distancia entre aquella promesa y la conducta de quien encabezó el cambio.

No debe confundirse esta declaración con una sentencia judicial que demuestre por sí misma un fraude electoral. La elección de 2006 fue validada institucionalmente y sus resultados continúan siendo objeto de controversia histórica y política. Pero la ausencia de una nueva resolución jurídica no cancela el significado de las palabras de Fox ni la responsabilidad de examinarlas.

Mucho menos cuando recordamos que Roberto Madrazo, candidato presidencial del PRI en aquella elección, declaró en 2018 que las actas de las que disponía mostraban a Andrés Manuel López Obrador por delante de Felipe Calderón, aunque reconoció no contar con la totalidad de la documentación electoral. Su explicación para no intervenir fue que aquella no era su lucha.

Dos testimonios distintos, separados por varios años, nos colocan frente a una misma interrogante: ¿hasta dónde llegaron los intereses partidistas en una elección cuya legitimidad fue cuestionada desde su origen?

Pero el propósito de esta reflexión no es permanecer atrapados en 2006. Es comprender las repercusiones de aquellas declaraciones en el escenario político que México enfrenta rumbo a las elecciones de 2027.

Una oposición debilitada antes de la confesión

La situación electoral de la oposición ya era complicada antes de que Fox pronunciara sus palabras.

Una encuesta de El Financiero, publicada en octubre de 2026, registró una intención de voto de 46 % para Morena, frente a 8 % para el PAN y 6 % para el PRI. Otra medición, de LaEncuesta.mx, colocó a Morena con 43.6 %, al PAN con 19.2 % y al PRI con 10.1 %.

Aunque las diferencias metodológicas impiden comparar directamente ambas mediciones, coinciden en mostrar una distancia considerable entre Morena y sus principales adversarios.

Hay otro dato todavía más revelador: la encuesta de El Financiero encontró opiniones negativas de 64 % hacia el PAN y de 70 % hacia el PRI.

Es decir, la oposición no solamente enfrenta un problema de intención de voto. Enfrenta una crisis de credibilidad. Y es precisamente sobre esa fragilidad donde cae la confesión de Fox.

La metáfora del último clavo en el ataúd adquiere aquí su sentido político. No significa que las elecciones estén decididas ni que podamos cuantificar anticipadamente el daño adicional. Significa que una oposición necesitada de recuperar confianza recibe un nuevo golpe proveniente de uno de sus propios referentes históricos.

La pregunta es inevitable: ¿cómo reconstruir una oferta política de futuro cuando quienes simbolizaron la alternancia vuelven a poner en duda las prácticas con las que se administró el pasado?

Sin embargo, el problema no termina en el diagnóstico. La cuestión decisiva es comprender qué alternativas pueden surgir de esta crisis.

Primera vía: candidatos y proyectos de Estado, no solamente siglas partidistas.

La primera cuestión consiste en revisar el predominio de las identidades partidistas sobre el contenido de las propuestas políticas.

Durante décadas, buena parte de la competencia electoral mexicana ha girado alrededor de organizaciones que solicitan el voto por su historia, sus símbolos, sus dirigentes o su oposición a otros partidos.

En ese esquema, los candidatos terminan subordinados a las marcas partidistas y los programas de gobierno ocupan frecuentemente un lugar secundario.

La crisis actual invita a invertir esa relación.

El valor público de una candidatura debería descansar en la trayectoria de quien aspira a gobernar, su capacidad para comprender los problemas nacionales y locales, la consistencia de sus propuestas y la posibilidad de que la ciudadanía evalúe sus compromisos.

No se trata de sustituir los partidos por caudillos ni de reducir la política a personalidades. Se trata de recuperar el contenido programático de la representación democrática.

México necesita discutir proyectos de Estado: qué federalismo requiere, cómo democratizar la economía, cómo fortalecer los municipios, qué modelo de seguridad construir, cómo enfrentar las desigualdades territoriales y cómo asegurar que la educación, la salud y la justicia dejen de depender de las circunstancias políticas de cada administración.

Una democracia empobrecida pregunta primero a qué partido pertenece un candidato. Una democracia más exigente pregunta qué propone, cómo piensa realizarlo, con qué recursos y ante quién responderá por sus resultados.

Pero existe una segunda dimensión, todavía más profunda, que afecta tanto a la oposición como al partido gobernante.

Segunda vía: desmitificar y ciudadanizar la Cuarta Transformación.

La Cuarta Transformación se ha convertido en la narrativa política dominante del México contemporáneo. Su identificación con Morena y con el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador constituye un hecho central de nuestra historia política reciente.

Sin embargo, debemos distinguir entre el origen partidista de un movimiento y la naturaleza histórica de una transformación.

La Independencia no pertenece exclusivamente a los insurgentes que la iniciaron. La Reforma no es propiedad de los liberales que la impulsaron. La Revolución mexicana no puede reducirse al partido que posteriormente reivindicó su legado.

Todas ellas trascendieron a sus protagonistas porque modificaron, en distinta medida y con profundas contradicciones, las condiciones políticas, jurídicas y sociales de la nación.

¿Puede la Cuarta Transformación aspirar a una dimensión histórica semejante si su significado y su legitimidad permanecen sujetos a la pertenencia partidista?

Considero que no.

Una ruptura histórica es de todos si, y solo si, todos pueden participar en su construcción, disputar democráticamente su significado, examinar críticamente sus resultados y apropiarse de sus conquistas como derechos colectivos, no como concesiones partidistas.

Esta afirmación no desconoce el papel del obradorismo ni la responsabilidad de Morena en el proceso político que encabeza. Simplemente establece una diferencia fundamental entre impulsar una transformación y convertirse en propietario exclusivo de ella.

Ciudadanizar la narrativa de la Cuarta Transformación significa reconocer que la soberanía nacional, la justicia social, la lucha contra la corrupción, la democratización económica y la ampliación de los derechos no pueden depender de una credencial partidista.

Un ciudadano puede compartir esas aspiraciones y discrepar de las políticas del gobierno. Puede reconocer avances y señalar retrocesos. Puede defender la continuidad de determinadas reformas y exigir modificaciones a otras.

La crítica no debería expulsarlo simbólicamente de la transformación nacional.

Aquí aparece una paradoja política: si la Cuarta Transformación aspira a consolidarse como una ruptura histórica, necesita trascender la identificación exclusiva con el partido que la gobierna. Y, al mismo tiempo, esa apertura permitiría que la competencia democrática dejara de plantearse como una confrontación entre quienes se consideran propietarios de la transformación y quienes son presentados como sus enemigos.

La transformación dejaría de ser una identidad cerrada para convertirse en un horizonte nacional sujeto al debate público.

La oposición podría discutir sus alcances, contradicciones y posibilidades sin tener que negar automáticamente todo lo realizado. El gobierno, por su parte, tendría que aceptar que ninguna victoria electoral concede el monopolio de la historia.

La ciudadanía recuperaría así su condición de sujeto político, en lugar de permanecer como espectadora de una disputa entre organizaciones que pretenden representar por completo el destino de México.

La verdadera ruptura histórica: invertir la pirámide del poder.

La historia política mexicana ha estado marcada por una persistente concentración del poder. Cambian los partidos, los discursos, los dirigentes y las instituciones, pero subsiste la tentación de considerar que la sociedad debe organizarse alrededor de quienes gobiernan.

De ahí que una transformación auténtica no pueda limitarse a sustituir a los administradores del Estado.

Debe modificar la relación entre gobernantes y gobernados.

Invertir la pirámide del poder significa que la ciudadanía deje de ser convocada solamente para legitimar decisiones previamente tomadas. Significa ampliar su intervención en la definición, vigilancia y evaluación de las políticas públicas.

También significa democratizar la economía, combatir la corrupción mediante instituciones eficaces, fortalecer la autonomía de los poderes públicos y formar nuevas generaciones capaces de comprender que la política es una responsabilidad colectiva y no una profesión reservada a quienes disputan los cargos.

Una transformación que depende permanentemente de la fidelidad a sus dirigentes corre el riesgo de convertirse en mito. Y los mitos políticos, cuando dejan de admitir la crítica, pueden terminar protegiendo las mismas relaciones de poder que prometieron superar.

La Cuarta Transformación tiene, por tanto, un desafío que trasciende la continuidad electoral de Morena: demostrar que sus cambios pueden institucionalizarse, ser sometidos al escrutinio ciudadano y sobrevivir a sus propios protagonistas.

La oposición enfrenta otro desafío: demostrar que su participación en la vida democrática no se reduce a recuperar los espacios de poder que perdió.

Ambas cuestiones se encuentran en un mismo punto: la necesidad de que la ciudadanía recupere la centralidad de la política.

Pensamientos finales.

La confesión de Vicente Fox puede convertirse en un acontecimiento de consecuencias importantes para una oposición que ya enfrentaba una considerable desventaja electoral y un profundo deterioro de su imagen pública.

Su impacto efectivo deberá medirse en las próximas encuestas. Pero su significado político resulta evidente: reabre las heridas de una alternancia que prometió transformar las prácticas del poder y obliga a interrogar la credibilidad de quienes hoy reivindican aquella experiencia.

El dilema de la oposición no consiste únicamente en recuperar votos. Consiste en reconstruir una relación de confianza con la ciudadanía y en definir qué entiende por transformación democrática del Estado mexicano.

Al mismo tiempo, la Cuarta Transformación enfrenta una prueba histórica: trascender su condición de narrativa partidista y abrirse como una construcción nacional plural, crítica y participativa.

No se trata de borrar las diferencias ideológicas ni de exigir que todos los mexicanos compartan un mismo proyecto político. Se trata de reconocer que las grandes rupturas históricas solamente adquieren legitimidad nacional cuando sus resultados pueden ser discutidos, defendidos, modificados y disfrutados por todos.

La oposición no necesita negar la historia reciente para participar en la construcción del futuro. Y Morena no necesita apropiarse de toda la historia para reivindicar el papel que ha desempeñado en ella.

Porque una transformación que solamente pertenece a quienes gobiernan puede ser una victoria partidista; pero una transformación que pertenece a la ciudadanía puede convertirse en una verdadera ruptura histórica.

• Vicente Fox reconoció en una entrevista que intervino en las elecciones presidenciales de 2006 para asegurar que Felipe Calderón obtuviera el triunfo: “Gana Calderón, o lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”, y añadió que su objetivo era que la sucesión quedara en manos del PAN para evitar la victoria de Andrés Manuel López.

Noviembre de 2026.

Referencias

El Financiero (19 de octubre de 2026). Encuesta nacional sobre preferencias electorales rumbo a 2027.

LaEncuesta.mx (23 de octubre de 2026). Preferencias electorales para la Cámara de Diputados.

El Financiero (3 de noviembre de 2026). Declaraciones de Vicente Fox sobre la elección presidencial de 2006.

La Jornada (4 de octubre de 2018). Declaraciones de Roberto Madrazo sobre las actas electorales de 2006.

CD/YC