Hay una pregunta que México lleva demasiado tiempo posponiendo: ¿en qué momento confundimos educar con permitirlo todo?

La disciplina escolar se ha convertido en uno de los grandes desafíos de los sistemas educativos latinoamericanos. En nuestras aulas, docentes que deberían concentrarse en enseñar deben enfrentar interrupciones constantes, faltas de respeto, agresiones y conflictos que, en ocasiones, rebasan su capacidad de respuesta. Mientras tanto, estudiantes que desean aprender conviven con situaciones que afectan su seguridad, su concentración y su bienestar emocional.

Por eso, los cambios en los lineamientos de disciplina escolar de El Salvador, el debate normativo en Perú y las iniciativas que se discuten en México merecen una reflexión profunda. Mi postura es clara: México necesita actualizar urgentemente sus lineamientos de disciplina escolar, pero no para imponer el miedo, sino para recuperar la autoridad educativa, proteger a los estudiantes y garantizar el derecho a aprender.

En agosto de 2025, El Salvador anunció nuevas disposiciones para reforzar la cortesía en las escuelas públicas. El modelo puso énfasis en expresiones como «buenos días», «por favor» y «gracias», mediante un sistema de reconocimientos y deméritos para registrar determinadas conductas.

La intención de recuperar las normas básicas de convivencia puede considerarse positiva. Saludar, agradecer y pedir las cosas respetuosamente no son simples formalidades: expresan reconocimiento hacia los demás y contribuyen a construir ambientes de respeto.

Sin embargo, hay que distinguir entre enseñar valores y contabilizar palabras. Un estudiante puede decir «gracias» y continuar hostigando a sus compañeros. La educación del carácter no se mide únicamente por fórmulas de cortesía, sino por la capacidad de reconocer al otro, asumir responsabilidades y evitar conductas que le causen daño.

Por su parte, Perú ha abierto una discusión sobre nuevos lineamientos de disciplina escolar que incluyen la clasificación de faltas graves, el uso de dispositivos electrónicos y la aplicación de consecuencias ante determinadas conductas. También se han anunciado restricciones relacionadas con la apariencia personal de los estudiantes.

Estas propuestas plantean una cuestión fundamental: ¿qué debe preocuparnos más, el cabello teñido de un adolescente o la violencia sistemática contra uno de sus compañeros?
Las normas sobre presentación personal pueden tener una justificación organizativa, pero no deben desplazar las prioridades educativas. Una política disciplinaria debe concentrarse, ante todo, en proteger la integridad, garantizar el aprendizaje y atender las conductas que perjudican a la comunidad escolar.

El Salvador y Perú ofrecen experiencias que México debe analizar críticamente, sin copiar automáticamente sus decisiones ni confundir la severidad con la eficacia.

Nuestro país ya cuenta con disposiciones para prevenir y atender el maltrato en la educación básica, entre ellas los lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública en septiembre de 2025. Asimismo, existen iniciativas relacionadas con el uso de teléfonos celulares y la convivencia digital.

El problema, por tanto, no consiste únicamente en la ausencia de reglas, sino en la necesidad de garantizar su aplicación efectiva, fortalecer los procedimientos y respaldar a quienes deben intervenir.

¿De qué sirve un protocolo contra el acoso escolar si una denuncia no recibe seguimiento? ¿Qué sentido tiene exigir autoridad a los docentes si no cuentan con herramientas para enfrentar agresiones? ¿Cómo podemos hablar de educación integral cuando un estudiante teme acudir a clases porque es víctima de humillaciones?

México necesita lineamientos claros que distingan entre faltas leves, conductas reiteradas, agresiones graves y situaciones que requieren la intervención de otras autoridades. Cada caso debe recibir una respuesta proporcional, con procedimientos que permitan escuchar a las partes y proteger a quienes se encuentran en riesgo.

Los derechos de los estudiantes no son una licencia para agredir, así como la autoridad docente no es una autorización para humillar.

La disciplina legítima exige responsabilidades, pero también límites para quienes ejercen la autoridad.

Defender la disciplina escolar no implica regresar a modelos educativos basados en el miedo, los castigos humillantes o la obediencia ciega. El silencio no demuestra aprendizaje, del mismo modo que un uniforme impecable no garantiza respeto.

La disciplina formativa busca que los estudiantes comprendan que sus acciones tienen consecuencias. Cuando alguien daña deliberadamente el mobiliario, debe asumir responsabilidades; cuando agrede a un compañero, la prioridad es proteger a la víctima, investigar lo sucedido y aplicar las medidas correspondientes.

El diálogo es indispensable, pero no puede convertirse en una excusa para dejar impunes las agresiones. Tampoco debe obligarse a una víctima a reconciliarse con quien la ha lastimado.
Para que las reglas funcionen, necesitamos docentes capacitados en gestión de conflictos, directivos con procedimientos definidos, participación responsable de las familias y mecanismos de seguimiento. También es necesario educar para el uso responsable de la tecnología, porque el acoso ya no termina cuando suena la campana: continúa en las redes sociales y los grupos de mensajería.

La escuela no puede resolver por sí sola todos los problemas sociales, pero sí debe garantizar que sus espacios sean seguros y propicios para aprender.

Urge que México avance hacia un marco de disciplina escolar con criterios comunes, sanciones proporcionales, protección efectiva para las víctimas, garantías para los estudiantes señalados y respaldo institucional para los docentes. Las medidas deben acompañarse de capacitación, participación familiar y evaluación pública de resultados.

No basta con anunciar nuevas prohibiciones. Es indispensable comprobar que disminuyen las agresiones, mejora la convivencia y se garantiza el derecho a la educación.

La disciplina también es una lección de ciudadanía. Enseña que la libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en ejercer nuestros derechos respetando los de los demás. Enseña que las diferencias pueden resolverse sin violencia y que ninguna persona debe imponerse mediante amenazas o humillaciones.

México no necesita convertir sus escuelas en cuarteles ni renunciar a la autoridad para parecer moderno. Necesita construir instituciones capaces de escuchar, exigir, corregir y proteger.
La urgencia es real: cada día que una escuela carece de herramientas para enfrentar la violencia, el derecho a aprender queda expuesto a la arbitrariedad y al abuso.

La escuela no necesita miedo para educar. Necesita autoridad legítima, reglas claras, justicia y responsabilidad compartida.

Porque tolerar cualquier conducta no es respetar los derechos de los estudiantes; es olvidar que todos tienen derecho a aprender en un ambiente seguro.

Educar es mucho más que imponer una regla. Es enseñar a convivir, asumir consecuencias y reconocer la dignidad de los demás. Y esa tarea exige que México deje de posponer una discusión que ya no puede esperar.

CD/GL