@EdgarSandovalP
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“Los reajustes de mercado se dan de dos formas: uno natural, más lento y letal, o uno acompañado por la intervención gubernamental, que amortigua el golpe sobre la población.”

Hay actividades económicas que van más allá del tema monetario, son industrias que impactan en la cultura y sostienen regiones enteras, donde simplemente no se concibe su desaparición. La industria azucarera de Veracruz es, sin duda, una de ellas: basta recorrer la zona centro y las cuencas del Papaloapan o Los Tuxtlas en temporada de zafra para entender que la caña no es solo un cultivo, es el ritmo con el que respiran decenas de municipios.

Los números respaldan esa percepción. Veracruz es, desde hace años, el primer productor de caña de azúcar del país, con una aportación cercana al 40 por ciento de la producción nacional. La entidad concentra 18 ingenios instalados y una superficie sembrada que ronda las 300 mil hectáreas, trabajadas por aproximadamente 70 mil productores, de acuerdo con cifras de la Confederación Nacional de Productores Rurales y de la Secretaría de Agricultura federal. A esa cifra habría que sumar a los cortadores de caña, transportistas, obreros de fábrica y proveedores de insumos que dependen, de manera indirecta, de que la zafra salga adelante cada año. No es exagerado decir que la actividad sostiene, directa o indirectamente, a varios cientos de miles de veracruzanos.

Pero como toda actividad ligada al mercado internacional, el sector no está exento de sobresaltos. El reciente cierre del ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada, dejó en la incertidumbre a alrededor de siete mil personas entre productores, cortadores y obreros de la región de Los Tuxtlas, y recordó que la industria sigue expuesta a plagas, sequías, competencia externa y ciclos de precios adversos. Es justo en estos momentos de tensión donde se mide la capacidad de respuesta de un gobierno, y ahí es donde vale la pena detenerse.

Ante el anuncio del cierre, la gobernadora Rocío Nahle se reunió el mismo día con representantes de la empresa y de los productores para abrir una mesa de diálogo permanente, con el objetivo declarado de revertir la decisión. Días después confirmó que ya existe una propuesta concreta de apoyo que será presentada a los dueños del ingenio, además de anunciar una estrategia más amplia para el campo cañero: entrega de maquinaria agrícola, un censo estatal de productores sin distinción de organización gremial y trabajo conjunto con instituciones técnicas para atender el rezago productivo. Es una postura activa, que contrasta con la opción, siempre más cómoda, de dejar que el mercado resuelva solo.

En ese mismo esfuerzo, el Secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, ha estado al frente del diseño técnico de los apoyos junto con la Secretaría de Agricultura estatal, explorando esquemas de subsidio que den viabilidad financiera al ingenio en riesgo. Que el área de finanzas del estado se siente a construir alternativas concretas, en lugar de limitarse a observar, es exactamente el tipo de intervención institucional que estabiliza a un sector cuando el ajuste de mercado amenaza con ser, como ocurre casi siempre, brusco y desigual para quienes menos margen tienen: los cortadores y los pequeños productores.

Vale la pena decirlo con cifras: Veracruz sigue moliendo más de 2.4 millones de toneladas de caña en lo que va de la actual zafra, y buena parte de esa producción sostiene rendimientos por hectárea en mejora, según reportes recientes de Conadesuca. Ese es el músculo que las autoridades buscan proteger.

La lección de fondo, la que cualquier estudioso de la economía reconoce, es que los reajustes de mercado se dan de dos formas: uno natural, más lento y letal, o uno acompañado por la intervención gubernamental, que amortigua el golpe sobre la población. Que el gobierno estatal ponga sobre la mesa recursos, negociación y planeación de mediano plazo es una señal en la dirección correcta para una industria que, guste o no, sigue siendo columna vertebral de la economía rural veracruzana.

CD/YC