-Llama a Jorge Álvarez Máynez simulador político y mentiroso

Boca del Río, Ver.- El desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván aprobado por el pleno del Congreso de Veracruz no obedece a ninguna cuestión política, sino a investigaciones que realizan las fiscalías, señaló la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

En entrevista telefónica, la mandataria veracruzana respaldó la decisión de los legisladores de quitarles el fuero constitucional para que los ediles enfrenten los procesos por los que son investigados.

El de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, se le investiga por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López Torres, sucesos ocurridos en mayo de 2026.

A Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía de Veracruz lo investiga como el presunto autor intelectual del homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria del municipio de Nanchital.

Rocío Nahle apuntó que la Fiscalía General de la República y la del estado integra carpetas de investigación de los delitos, como hizo con el caso de la comunicado Roxana Guzmán asesinada en el sur de Veracruz, y la desaparición del empresario en Úrsulo Galván.

Una vez desaforados ellos tienen que defenderse, presentar sus pruebas, llevar el proceso judicial correspondiente.

Los ediles desaforados tienen que enfrentar la justicia, van a esperar lo que determinen los jueces.

Respecto a lo señalado por el dirigente de MC Jorge Álvarez Máynez que acusó politización de la justicia, apuntó que Máynez es un simular profesional, “es un simulador, mentiroso, el está en su carácter de dirigente de su partido”.
En lugar de que sea responsable y diga que los ediles enfrente el juicio y se defiendan, “Él está politizando el tema, nosotros no”.

Aseguró que si los ediles hubieran sido de otros partidos igual actuarían. Si fueran de Morena ella les hubiera dicho que se enfrentaran a la justicia y mostrara sus pruebas.

Dijo desconocer si había ya órdenes de aprehensión contra los alcaldes desaforados, aunque los abogados de ambos señalaron durante la sesión legislativa que ya habían tramitado amparos.

CD/YC