Jun 27, 2026 / 09:59

Acusan a gerente de Invivienda de frenar programa de reubicación en Álamo por presuntos intereses inmobiliarios

-Ambición política y presuntos negocios frenan la esperanza de damnificados en Álamo
-El proyecto de vivienda que se hunde entre la negligencia y la presunta corrupción

Álamo, Ver.- Lo que nació como un plan de rescate humanitario tras las devastadoras lluvias de octubre de 2025, que dejaron a por lo menos 12 mil familias damnificadas en la cabecera municipal de Álamo, se ha convertido en un laberinto de irregularidades, ambiciones políticas y un retraso que castiga, nuevamente, a los más vulnerables.

A más de un año de la catástrofe, la construcción de las 600 viviendas prometidas para la reubicación de los afectados permanece paralizada. El motivo, según señalan diversas voces, no es técnico ni presupuestario, sino un presunto esquema de corrupción orquestado desde la Gerencia de Invivienda, encabezada por José Manuel Pozos del Ángel, hijo del subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro.

El negocio detrás de la emergencia. La crítica se centra en la elección de los predios. A pesar de los protocolos de Protección Civil que exigen terrenos seguros, se ha puesto la mira en el ejido “Los Cedros”. Según las denuncias, estos terrenos carecen de servicios básicos y, lo más grave, son zonas de riesgo por inundación.

Hay muchos cuestionamientos por apostar en terrenos inviables. La respuesta es clara. Todo apunta a una maniobra para favorecer a particulares, identificados como Rafael Villegas Pérez Quintana y Alejandro Pérez Quintana, a través de un cambio de uso de suelo realizado a medida. El proyecto, lejos de ser una solución habitacional, se perfila como un “botín” inmobiliario gestado bajo el amparo de la familia Pozos Castro.

Un alcalde omiso y la sombra de la impunidad

En este engranaje, el papel del presidente municipal, José Roberto Arenas Martínez, ha sido duramente cuestionado. Su administración, lejos de actuar como un filtro de supervisión, parece haberse convertido en un facilitador de los intereses externos, permitiendo que la ambición política prevalezca sobre la urgencia social.

La situación coloca en una posición comprometida a los gobiernos estatal y federal. Al proporcionar datos falsos sobre la viabilidad de los predios ante instancias superiores, los funcionarios locales no sólo dilatan la construcción, sino que ponen en riesgo la credibilidad de la administración de la gobernadora de Veracruz, ingeniera Rocío Nahle García y de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras los funcionarios discuten el destino de los recursos y el valor comercial de los terrenos, las familias que perdieron su patrimonio siguen esperando. La falta de transparencia en la toma de decisiones y la ausencia de una rendición de cuentas clara sugieren que en Álamo la reconstrucción ha quedado subordinada a los intereses de unos pocos.

La pregunta que queda en el aire para los habitantes de Álamo es: ¿Quién se hará responsable por este retraso y quién garantizará que cuando las casas finalmente se construyan no sean las próximas en ser arrasadas por la inundación?.

En este sentido es fundamental recordar que la Ley de Responsabilidades Administrativas obliga a la transparencia en el ejercicio público.

CD/YC