Ciudad de México.- La madre de una adolescente de 14 años de edad hizo un llamado público a las autoridades judiciales para exigir justicia luego de que un juez de control modificara la medida cautelar de prisión preventiva a favor de Víctor Iván “N”, un profesor de educación secundaria vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual en contra de la menor.

El imputado, quien se desempeñaba como docente de la materia de Tecnología y tutor de grupo en la Escuela Secundaria Quetzalcóatl de este municipio, abandonó el centro de reclusión para continuar su procedimiento legal en libertad tras el pago de una garantía económica.

De acuerdo con las declaraciones de Leticia, madre de la víctima identificada como Dulce “N”, los hechos comenzaron a suscitarse en septiembre del año pasado, cuando el profesor de 49 años presuntamente inició una relación con la estudiante.

Los familiares detallaron que no sospecharon de la situación sino hasta el mes de enero, cuando detectaron cambios drásticos en la conducta de la adolescente, lo que llevó a la revisión de su teléfono celular y a la posterior confesión de la menor.

Tras recabar diversas pruebas materiales y digitales, entre las que destaca la grabación de una llamada telefónica donde el implicado presuntamente acepta el vínculo con la alumna, los padres interpusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La representación social integró la carpeta de investigación correspondiente, lo que derivó en la detención del maestro el pasado 9 de abril y su posterior vinculación a proceso el 15 de abril, bajo un tipo penal que contempla sanciones de entre ocho y 15 años de prisión.

Sin embargo, durante el desarrollo de una audiencia de revisión celebrada el 27 de mayo, la autoridad judicial determinó sustituir la prisión preventiva por un esquema de libertad condicionada, fijando una fianza de 75 mil pesos, la obligatoriedad de firmas periódicas ante el juzgado, la prohibición estricta de salir del territorio del Estado de México, así como la restricción absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima y su núcleo familiar.

La familia afectada cuenta actualmente con el acompañamiento jurídico de la Fundación Delos, cuyos asesores legales adelantaron que interpondrán los recursos correspondientes para buscar la reconsideración de las medidas cautelares, argumentando los factores de riesgo para la denunciante.

Por su parte, la madre de la menor manifestó su preocupación ante la posibilidad de que existan más estudiantes afectadas dentro del plantel que no hayan denunciado por temor, por lo que exhortó a la comunidad escolar a romper el silencio y acudir ante las agencias del Ministerio Público para evitar que este tipo de conductas queden impunes en el sistema educativo local.

Con información de: El Heraldo de México

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