El gobierno estadunidense dio marcha atrás en su intención, anunciada el 22 de mayo, de obligar a los solicitantes de residencia permanente (conocida como “green card”) a tramitarla en su país de origen, informó el New York Times.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de los asuntos de inmigración, señaló el viernes al diario neoyorquino que esta nueva política finalmente no se aplicaría a todos los solicitantes, sino “caso por caso”.

Simplemente servía como un recordatorio a los agentes de que utilizaran su poder discrecional” para exigir o no a los solicitantes que salieran de Estados Unidos para realizar su solicitud”, señaló el Departamento al New York Times.

En un comunicado enviado a la AFP, el Departamento sostiene que esta nueva medida, en realidad, “reitera la política y la ley establecidas desde hace mucho tiempo”.

“Esta política no tendrá un impacto significativo en los solicitantes altamente cualificados y los profesionales talentosos que han cumplido la ley”, añade.

El presidente sigue dando prioridad a una inmigración que refuerce a Estados Unidos cultural, social y financieramente, al tiempo que impide la inmigración masiva procedente del tercer mundo que perjudica a nuestro país y a los estadounidenses”, afirma también el Departamento.

El anuncio representa un giro abrupto, luego de que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunciaran días atrás que “de ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y quiera una green card debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”.

El portavoz del USCIS, Zach Kahler, explicó entonces que los titulares de visados de duración limitada, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, “vienen a Estados Unidos por un corto período y con un propósito específico”.

Su visita no debería funcionar como el primer paso en el proceso para obtener la ‘green card'”, advirtió.

Varias asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes, así como despachos de abogados, habían expresado su consternación ante esta medida, capaz de crear confusión entre los solicitantes de residencia permanente.

El congresista demócrata Chuy García calificó entonces la nueva política de “absurda y cruel”.

Según el Washington Post, Estados Unidos concede más de un millón de permisos de residencia permanentes cada año y, hasta ahora, más de la mitad de los solicitantes ya se encontraban dentro del país.

En la ofensiva contra la inmigración emprendida por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, otra vía de inmigración legal, la de refugiados, ya ha sido cerrada en gran medida.

CD/JC