Mientras continúan registrándose situaciones de desplazamiento forzado por la violencia, lo que afecta a miles de familias que en muchas ocasiones pierden todo su patrimonio, la falta de una ley general que atienda este problema deja que las acciones gubernamentales “queden en el marco de la buena voluntad”, denunciaron organizaciones civiles. Aunque la Cámara de Diputados aprobó en 2020 la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, está detenida en el Senado. [JORNADA / p20]