A los problemas políticos y económicos que hoy enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habrá que sumarle otro de carácter social que podría ser grave: el “apagón” de conectividad previsto para el próximo 30 de junio, cuando vence el plazo de registro obligatorio para los 161.7 millones de usuarios de telefonía celular.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, hasta el 20 de abril, solo 30.2 millones de 148.2 millones de usuarios habían realizado el trámite. Sin embargo, el director general The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras Feria, aseguró que hasta diciembre de 2025 existían 161.7 millones de usuarios y que “84% de las líneas son de prepago que tienen una alta rotación”, por lo que el número real debería ser mayor.

La Comisionada Presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, presentó el 20 de abril la campaña “Registra tu Línea” con la que pretende convencer a los usuarios a que cumplan con la ley, porque de lo contrario se quedarán sin el servicio celular con el “apagón”.

“El registro es para eliminar el anonimato, que todas las líneas estén asociadas a una persona permite protegernos a todas y todos, y facilita la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas”, justificó.

El “apagón” de conectividad, además de un problema social generará también un conflicto de leyes, porque la CRT pretende hacer prevalecer la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, por encima de la Constitución General de la República.

La ley y los lineamientos -normas secundaria y administrativa- establecen como fecha fatal el 30 de junio para desvincular de toda conectividad al usuario de telefonía celular que no haya registrado su línea ante los proveedores del servicio. Sin embargo, la Constitución, como norma fundamental del Estado mexicano, reconoce la conectividad como un derecho humano y una garantía.

El artículo sexto constitucional señala que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet”.

Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que México es firmante, establece la conectividad como derecho humano, por lo que el gobierno de la república está obligado a garantizar su cumplimiento.

Esta es la cuarta ocasión en que el gobierno de la república busca crear un padrón de usuarios del servicio celular. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), el entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Héctor Osuna Jaime, propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la creación de un registro nacional de teléfonos celulares para combatir delitos como el secuestro.

Posteriormente la Secretaría de Seguridad Pública Federal con el apoyo de senadores del PAN propusieron (2008-2009) la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) para combatir los delitos de secuestro y extorsión. Debido a que solo el 46% de los usuarios se habían registrado y por la ineficacia del RENAUT, el Senado de la República aprobó su desaparición en abril de 2011.

Luego, el 5 de diciembre de 20129, el entonces coordinador del grupo parlamentario de Morena en la cámara de diputados federales, Mario Delgado Carrillo, propuso la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que fue aprobado por el Senado el 13 de abril de 2021.

La creciente desconfianza e inconformidad de los usuarios de telefonía celular, fue porque el Panaut, entre otros requisitos, pedía los datos biométricos (huellas dactilares/reconocimiento facial) de las personas físicas o de los representantes de las personas morales, información que tendría en su poder el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El 25 de abril de 2022, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez total del decreto que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) establecido en las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones el 18 de abril de 2021.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, fue la ponente que resolvió las acciones de inconstitucionalidad que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y una minoría del Senado, por no existir garantías ni una regulación para el buen uso de los datos biométricos de los ciudadanos.

Además, consideró que el Panaut era contrario a los principios de los artículos 6 y 16 de la Constitución General de la República. “El PANAUT no resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de privacidad de las personas”.

Propuso la invalidez del Decreto que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil porque “genera una afectación a los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable”.

Los ministros de la Corte consideraron que el Panaut no disminuiría los delitos de extorsión y secuestro. Su creación afectaba los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales. “Parece absurdo que una persona que tenga un celular va a generar una extorsión con un teléfono a su nombre, esto nunca sucede”, advirtió el ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea.

Ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum se pretende crear otro registro de usuarios de telefonía celular, que intentaron hacerlo Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador a través de acciones legislativas que tuvieron que abrogar por su ineficiencia, operatividad e inconstitucionalidad.

La pregunta es inevitable: ¿desconectará el gobierno de la república a 130 millones de mexicanos de la telefonía celular el próximo 30 de junio? Porque resulta difícil creer que, en apenas en 53 días, todos los usuarios registren sus datos personales.