Para este año, el gasto público en programas para jóvenes, que implica dedicar poco más de 213 mil millones de pesos del erario, representa “una elevada dependencia de ese segmento hacia esquemas de transferencias monetarias directas”, según explicó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. En un análisis de la entrega de becas y apoyos, planteó que la transición demográfica proyectada para las próximas décadas exige una reorientación del gasto público hacia la formalización laboral técnica, a fin de mitigar la presión fiscal derivada del sistema de pensiones. [JORNADA / p4]