Ciudad de Mexico.- Pese a la gravedad del caso, un agente de la Guardia Nacional señalado por un fatal atropellamiento ocurrido en Ecatepec, Estado de México, continuará su proceso penal en libertad, decisión que ha generado inconformidad entre familiares y allegados de las víctimas.

Un juez del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Jesús “N”, elemento de la Guardia Nacional, por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista y las lesiones graves causadas a una mujer, tras un accidente vial registrado sobre la vía López Portillo.

De acuerdo con los datos expuestos durante la audiencia, el uniformado conducía una camioneta oficial a una velocidad aproximada de entre 60 y 70 kilómetros por hora, cuando presuntamente invadió el carril exclusivo del Mexibús y cruzó un semáforo en rojo, lo que provocó el impacto contra la motocicleta en la que viajaban César “N” y su acompañante. El hombre perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer resultó con heridas de consideración.

La audiencia, que se extendió por más de tres horas, concluyó con la vinculación a proceso del agente, quien optó por reservarse su derecho a declarar y solicitó que su situación jurídica fuera definida ese mismo día. El juez consideró que existían elementos suficientes para continuar con la investigación.

El Ministerio Público imputó a Jesús “N” los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes, y solicitó la prisión preventiva justificada al argumentar la gravedad de los hechos y el posible riesgo de evasión. Sin embargo, la defensa logró que el juzgador desechara esta medida.

En su lugar, se dictaron cinco medidas cautelares: una garantía económica de 600 mil pesos, la prohibición de acercarse a las víctimas u ofendidos, la restricción para conducir cualquier vehículo, la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del Estado de México.

Una vez cubierta la garantía económica, el imputado podrá continuar el proceso en libertad bajo supervisión judicial.

La determinación judicial provocó molestia e indignación entre familiares, vecinos y amigos de las víctimas, quienes se manifestaron en las inmediaciones del juzgado para exigir justicia. “Después de perder a nuestro hijo, no es justo que él pueda irse a su casa como si nada”, reclamó uno de los familiares.

Finalmente, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de: El Financiero

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