Argentina.- En las últimas semanas se ha debatido en Argentina el proyecto de ley denominado Ley de Libertad Educativa, una propuesta de reforma ya esbozada en 2022 en el documento “Reformas para construir nuestro futuro”, de la organización Libertad y Progreso, así como en las Bases de Acción Política y Plataforma Electoral de La Libertad Avanza, publicada en 2023 y en el reciente libro 5 leyes para el renacimiento de la educación argentina, editado por Edgardo Zablotsky.

El proyecto de ley constituye una propuesta orientada hacia lo que suele denominarse elección escolar y creación de mercados educativos. Es una iniciativa cuyo origen y fundamento no surgieron en función de la fecunda tradición pedagógica argentina o latinoamericana, sino que en gran medida han sido transferidos desde circuitos intelectuales promercado en Estados Unidos, donde se han desarrollado los planteamientos de Milton Friedman sobre el financiamiento educativo a la demanda, la crítica a la “burocracia” educativa de John Chubb y Terry Moe, y la iniciativa de sectores conservadores de “recuperar la educación de sus hijos”, entre otros.

El proyecto es expresión del radicalismo de mercado, marco político-ideológico adoptado por el gobierno argentino, para el cual la educación es una mercancía y no un derecho; por ende, la única forma de realmente mejorarla es con su privatización. El problema fundamental, argumentan, es el “monopolio del Estado” sobre la educación, que tiene como resultado la ineficiencia. En dicha concepción, romper tal “monopolio” tiene como efecto la mejora de la educación, debido a que la libre competencia favorece la provisión de mercancías de mejor calidad. Además, se considera que un efecto de la existencia del monopolio educativo del Estado es el “adoctrinamiento” y la promoción de “ideologías colectivistas” en el estudiantado, lo cual atenta contra la libertad individual, entendida como “no interferencia”.

Considerar lo anterior es útil para discutir políticamente tres elementos esenciales del proyecto, que conforman un círculo virtuoso pro privatización:

a) Libertad de las familias para educar a sus hijos (homeschooling). Busca que las familias argentinas puedan proteger a sus hijos del “adoctrinamiento” del Estado, mediante una transferencia de la función educativa desde las escuelas hacia el ámbito familiar privado. Esto permite reproducir los valores familiares de distinta índole, sin el contraste que la integración en la diversidad en los centros educativos conlleva para las y los estudiantes.

El homeschooling ha sido un mecanismo impulsado globalmente por partidos y plataformas de extrema derecha (como Vox en España o el propio Steve Bannon en Estados Unidos), con el fin de imponer una agenda reaccionaria en la cultura mediante la predominancia de familias, muchas veces asistidas por organizaciones conservadoras y confesionales. Con ello, buscan que educar en casa sea una barrera a procesos de aprendizaje transformadores, los cuales pueden resultar polémicos cuando intervienen en temas como sexualidad o justicia social.

Así, se busca excluir de los contenidos revisados en escuelas temas relativos al racismo, educación sexual o defensa de lo público. A menudo, la finalidad de sectores conservadores a nivel global es hacer de las familias que educan en casa sus “grupos de choque” (https://acortar.link/4UyU4j) contra políticas progresistas.

b) Autonomía de los centros educativos: a los centros escolares se les dota de mayor autonomía para desarrollar un currículum educativo ajustado a las preferencias de las familias, lo cual, en términos de la lógica que subyace a la iniciativa, significa que se diseñan mercancías curriculares con el fin de satisfacer la demanda de las familias-clientes, lo cual beneficia la dinámica de elección de centro. Aunado a lo anterior, se dispone la creación de consejos escolares de padres, quienes podrán contratar docentes y despedir al personal directivo.

Esta iniciativa busca, entre otras cosas, gobernar el sistema educativo por medio de las familias, una estrategia que sectores conservadores han impulsado en Reino Unido durante décadas. En términos concretos, se busca que familias, principalmente aquellas afines al programa ideológico de La Libertad Avanza o generalmente antiprogresistas, tomen los consejos escolares e influyan en el currículum y la práctica docente, con el fin de hacer retroceder contenidos “indeseables”.

En este marco, se busca además que las propias familias se constituyan como promotores de la mercantilización educativa y la privatización, ya sea en tanto consumidores del “servicio educativo”, supervisores de facto de escuelas o creadores y fundadores de escuelas. Un fenómeno que ha sido estudiado sistemáticamente desde la academia, a propósito del caso británico (https://acortar.link/Y8noyK).

c) Financiamiento de la demanda. Esta es una iniciativa clásica del radicalismo de mercado, que busca impulsar un cambio sustantivo en el flujo de los recursos del sistema educativo, hacia un financiamiento a la demanda por medio de distintos mecanismos como el váucher escolar. Entre otras cosas, esto busca generar competencia entre escuelas públicas y privadas por mayor financiamiento, lo cual implica mayor presión a personal directivo, docentes y también estudiantes, con resultados internacionales no concluyentes respecto al aprendizaje y sumamente polémicos respecto a la segregación.

El presidente argentino es partidario del concepto de “destrucción creativa”. Consecuentemente, este proyecto no busca únicamente mercantilizar la educación pública, sino destruirla en tanto un espacio de derechos, democracia y promoción de la justicia social, para construir en su lugar un circuito educativo que garantice la libertad de mercado.

Si dicho proyecto avanza, resistir requerirá consolidar una gran alianza democrática entre sindicatos docentes, academia, movimientos sociales, estudiantes y madres y padres de familia.

Con información de: La Jornada

CD/AT