Mexicali, BC.- Las asociaciones y productores vitivinícolas y olivícolas de Valle de Guadalupe advirtieron que la reforma a la Ley de Aguas no garantiza justicia hídrica y se manifestaron porque se reconozca como derecho humano dentro de los procesos de producción y desarrollo económico al considerarse un bien público, social y cultural, no monetizable.

Se pronunciaron porque en las concesiones vigentes se mantengan los derechos adquiridos, permitir la transmisión vinculada a la tierra durante al menos 30 años y garantizar prórrogas automáticas a usuarios responsables a través de la figura de afirmativa ficta.

La iniciativa del Ejecutivo Federal es bien intencionada aunque ignora las realidades productivas del norte de México y contiene disposiciones que ponen en riesgo la viabilidad de sus actividades productivas, la seguridad jurídica de sus derechos y, en consecuencia, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de esta región.

Consideran que se trata de una reforma ambigua que "castiga por igual al responsable y al abusivo, que centraliza sin contrapesos, que rompe con la certeza jurídica y desconoce las realidades regionales".

Además los productores de vid y olivo señalan que esta ley genera inseguridad, desincentiva la inversión, aumenta el riego de pérdida de empleos y pone en peligro la producción nacional de alimentos de alto valor.

No nos oponemos al derecho humano al aguas porque sin agua no hay viñedos, olivos, tampoco empleo, identidad cultural ni desarrollo rural.

Dijeron querer una Ley de Aguas que contemple un nuevo marco jurídico que busque la manera de responder a las necesidades existentes como el reordenamiento de las concesiones, fomente la gestión integral y transparente del agua y la reconozca como parte esencial de los procesos de producción y desarrollo económico, como bien público, social y cultural, no monetizable.

Los productores del Valle de Guadalupe piden al Congreso de la Unión que se contemple el aumento en el reúso y el equilibrio entre el derecho humano y la producción, se garantice la seguridad jurídica, el reconocimiento de la diversidad regional, se fortalezca la gobernanza técnica del agua y fomente a la responsabilidad hídrica.

En Baja California, una de las zonas más áridas del país, los usuarios de agua somos productores de uva y aceituna de alta calidad, y esta actividad económica, social y cultural depende de la certeza jurídica sobre el acceso al agua.

Sus inversiones son de largo plazo pues van entre los 20 y los 30 años, por lo que se requiere estabilidad en los derechos concesionados ya que dependen casi exclusivamente del agua subterránea, recurso escaso y estratégico.

Dejaron claro que su posicionamiento no busca oponerse al derecho humano al agua, sino garantizar su equilibrio con otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la propiedad productiva y al desarrollo sostenible.

Reconocieron que el agua es un bien de la Nación pero su gestión eficiente requiere estabilidad jurídica para quienes la usan de forma responsable.

El derecho humano al agua debe armonizarse con el derecho al trabajo, a la alimentación, a un medio ambiente sano y al desarrollo económico, apuntaron al tiempo de enfatizar que los títulos de concesión son actos jurídicos válidos que no pueden ser alterados retroactivamente al desaparecer el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares sin antes establecer mecanismos de transmisión justos.

Las decisiones sobre el agua deben tomarse con base en criterios técnicos locales, no desde una lógica centralista, genérica y uniforme, advirtieron.

La prohibición de transmisión de derechos de agua entre particulares propuesta en la reforma elimina de forma arbitraria cualquier posibilidad de transmisión de derechos de agua, herencia, fusiones y escisiones, incluso entre particulares o al constituir una persona moral.

Con ello se anula el valor del activo hídrico, elimina la calidad de garantía de seguridad jurídica al uso agropecuario, impide la venta o transmisión de viñedos con su derecho al agua y desincentiva la inversión privada en proyectos de largo plazo.

Esto rompe con la certeza jurídica, al afectar derechos adquiridos sin mecanismos de transición justos ni razonables.

También ignora la naturaleza productiva de las personas al eliminar la certeza al derecho al agua y se convierte en un mero permiso administrativo revocable, en lugar de un derecho vinculado a una actividad agrícola-económica legítima y sostenible.

La propuesta de los productores es permitir la transmisión de derechos de agua vinculada a la tierra o a la actividad productiva, bajo autorización técnica de Conagua y con fines no especulativos, para encontrar un real ordenamiento de las concesiones y asignaciones, logrando una justicia al sector agrícola del acceso al agua.

Advirtieron que las concesiones temporales y prórrogas condicionadas sujetas al criterio de “disponibilidad” “responsabilidad hídrica” y de cumplimiento fiscal, que propone la reforma, generaría estado de indefensión generado por arbitrariedades injustificadas o administrativas al disminuir o cancelar los volúmenes de agua al vincular la continuidad de un derecho, a conceptos vagos y discrecionales.

Se debe garantizar la renovación automática de concesiones (afirmativa ficta) a quienes soliciten demuestren y justifiquen el uso eficiente del volumen; y eliminar la negativa ficta, como pretende la legislación propuesta.

Con información de: La Jornada

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