La defensa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, afirma que el priista ya cumplió con los requisitos que se necesitan para ser beneficiados con la libertad anticipada.

México.- Luego de casi nueve años en prisión, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría dejar esta semana el penal donde está internado, al haber cumplido el 95 por ciento de su condena, lo cual ha sido argumentado por su defensa para pedir la salida anticipada.

El priista Duarte fue condenado, en 2018, a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, beneficiado por aceptar un procedimiento abreviado.

Javier Duarte está preso en el Reclusorio Varonil Norte, de la Ciudad de México. La defensa del exgobernador de Veracruz señala que ha cumplido con los requisitos legales para la libertad anticipada, tales como buen comportamiento, ausencia de causas penales y que ha participado en programas de reinserción.

La audiencia decisiva está programada para el próximo miércoles 12 de noviembre ante la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien evaluará la petición de la defensa y las objeciones que ha planteado la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cuáles son las pruebas a favor de Javier Duarte?

Son 24 pruebas y testimonios a favor de Javier Duarte para la obtención de la libertad anticipada, mientras que la FGR aportó 12 elementos en contra.

Javier Duarte estuvo prófugo de la justicia, pero fue capturado en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México en julio de ese año.

La acusación principal lo relacionó con el desvío de más de mil 600 millones de pesos del erario veracruzano durante su gestión como gobernador (2010-2016), así como con la utilización de empresas fantasma, blanqueo de recursos y enriquecimiento ilícito.

La defensa del exmandatario afirma que, al haber aceptado el juicio abreviado y colaborar con las autoridades, Duarte cumplió con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder a la libertad anticipada: haber cumplido más de la mitad de la pena, buena conducta, reparación del daño y que su liberación no represente un riesgo para la sociedad.

Sin embargo, la FGR advierte que aún existen investigaciones o elementos pendientes que podrían impedir su salida o derivar en una nueva orden de aprehensión.

Con información de: El Financiero

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