*El inmueble fue cateado por presunta relación con delitos de secuestro y delincuencia organizada; autoridades federales colocaron sellos de aseguramiento

Veracruz, Ver.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles el corralón “Grúas y Maniobras de México”, propiedad del diputado local José “Pepín” Ruiz Carmona, ubicado en la colonia El Coyol del puerto de Veracruz.

Desde las primeras horas de la mañana, agentes de la FGR, apoyados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal, realizaron un cateo judicial en el inmueble, con el apoyo de binomios caninos K-9, en cumplimiento de una orden emitida por un juez federal.

El operativo generó una intensa movilización sobre la avenida José Azueta, donde transeúntes y automovilistas presenciaron la intervención de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el cateo forma parte de las diligencias de la carpeta de investigación número FED/FEMDO/UEIDMS-VER/0000898/2024, radicada en la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Tras varias horas de inspección, el agente del Ministerio Público de la Federación determinó asegurar el inmueble, con fundamento en los artículos 40 del Código Penal Federal y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En la entrada principal fueron colocados sellos de aseguramiento, en los cuales se advierte que su violación constituye un delito federal.

No es la primera vez que dicho corralón es intervenido por autoridades federales. En marzo de este año, se realizó otro cateo derivado de investigaciones que relacionaban a Ruiz Carmona con grupos delictivos que presuntamente utilizaron las instalaciones para ocultar vehículos vinculados con actividades ilícitas.

El diputado enfrenta ahora nuevas indagatorias por parte de la FGR, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fuentes cercanas al caso señalaron que se espera que el Congreso del Estado actúe con imparcialidad y, en su caso, autorice el desafuero del legislador, para que enfrente el proceso judicial como cualquier ciudadano.

CD/VC