En el mar de Veracruz, bajo aguas que alguna vez fueron cristalinas, el arrecife La Gallega, lucha por sobrevivir. Forma parte del Sistema Arrecifal Veracruzano, un área natural protegida que tendría que ser motivo de orgullo nacional. Pero hoy su futuro está en manos de la Secretaría de Marina, empeñada en levantar una escollera de más de tres kilómetros como parte de la ampliación del puerto.

No es una historia nueva, aunque sí profundamente reveladora. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó detener las obras después de advertir que las autoridades habían evaluado los impactos ambientales de manera fragmentada, sin mirar el conjunto ni medir los daños acumulativos sobre el ecosistema coralino. El fallo fue claro: había que realizar una evaluación integral, con base científica y no política.

Sin embargo, el gobierno federal decidió ir en sentido contrario. A finales de ese mismo año, la SEMARNAT, por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitió nuevas autorizaciones condicionadas para el mismo proyecto. En la práctica repitió el mismo modelo que la Corte había prohibido: estudios parciales, permisos por partes y ninguna visión completa del sistema ecológico.

Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Earthjustice (la organización de derecho ambiental sin fines de lucro más importante de Estados Unidos), advirtieron que esa decisión significaba un desacato abierto a la resolución del máximo tribunal. No exageran. Las obras continuaron, y los efectos ya están a la vista: asolvamiento, pérdida de corales vivos y alteración de las praderas marinas.

El caso de La Gallega no es una excepción, sino parte de una tendencia que se ha vuelto rutina durante los gobiernos de Morena. Bajo el argumento del progreso se han empujado proyectos que arrasan selvas, lagunas y manglares. El Tren Maya ha dejado tras de sí un rastro de deforestación y fragmentación de ecosistemas que ninguna campaña oficial ha logrado ocultar. Otro ejemplo es Bacalar: el Ejército ignoró una suspensión definitiva para construir una casa de retiro militar junto a la laguna, poniendo en riesgo uno de los cuerpos de agua más valiosos del país.

Todo esto refleja una contradicción: un gobierno que habla de transformación, pero actúa con la misma indiferencia ambiental que antes criticaba. La política ecológica se ha convertido en un discurso repetido para la foto, mientras se normaliza el atropello a la naturaleza y al Estado de derecho. Ni las sentencias judiciales ni las advertencias científicas parecen tener peso cuando la prioridad es inaugurar obras a cualquier costo.

Desde Movimiento Ciudadano seguiremos denunciando estos abusos y defendiendo el derecho de las personas a vivir en un entorno sano. No hay desarrollo posible si la base de la vida —la naturaleza— se destruye. El futuro de México no puede construirse sobre arrecifes muertos ni sobre selvas taladas.

La Gallega es un espejo incómodo. Refleja la distancia entre el discurso del cambio y la práctica del poder. Si la dejamos desaparecer, no solo perderemos un arrecife: perderemos la oportunidad de demostrar que este país todavía puede crecer sin destruirse a sí mismo. Y si eso ocurre, quedará claro que, una vez más, México eligió el cemento sobre el futuro.

* Agustín Torres Delgado.
Secretario Nacional de Acuerdos.
Movimiento Ciudadano.

CD/YC