El caso de “Papayita” —nombre cariñoso que usaban quienes conocieron a Carlos Gurrola Arguijo— es una herida abierta que exhibe, con brutal crudeza, las costuras podridas de ciertas cadenas de supermercados mexicanas. Pero no solo eso: también desnuda el fracaso de mecanismos de protección laboral, fallas de comunicación interna y una lectura complaciente —o negligente— de las reformas que juraron desterrar las prácticas más oscuras del outsourcing. Esta columna busca no solo relatar lo sucedido, sino subrayar las lecciones que se rehúsan a aprender.

Carlos Gurrola, empleado de limpieza en la sucursal de H-E-B en Torreón (Coahuila), trabajaba bajo contratación de la empresa externa Multiservicios Rocasa. No era “empleado directo” de H-E-B, según las declaraciones oficiales. 

Durante meses, los familiares y compañeros narran que Carlos fue blanco de acoso habitual: le escondían su comida, le tomaban su celular, dañaban su bicicleta, incluso le hacían amenazas verbales. 

El 30 de agosto de 2025, en pleno horario laboral, Carlos tomó un sorbo de lo que creía era agua o una bebida electrolítica. De inmediato comenzó a sentir “quemaduras internas”, dificultad para respirar, dolores en la tráquea. 

Para ese momento, la broma macabra estaba consumada: alguien mezcló un desengrasante —u otra sustancia química grave— en su bebida.

La respuesta institucional fue lenta: Carlos no fue trasladado de inmediato, la empresa contratista desechó el envase con la sustancia antes de que las autoridades pudieran analizarlo, y durante horas quedó a la deriva. 

Diecinueve días después, el 18 de septiembre, Carlos falleció a causa de las gravísimas lesiones en su aparato respiratorio. 

Las reacciones públicas oscilan entre protestas, declaraciones de condolencia y un intento evidente de deslinde: H-E-B insiste en que Carlos no era parte de su nómina directa, y Multiservicios Rocasa asegura que no hubo “intención de acoso”. 

Aunque la Fiscalía de Coahuila ha declarado que no halló elementos de dolo —o al menos eso ha indicado públicamente—, la sociedad exige claridad total y rendición de cuentas. 

Este caso no es solo una tragedia individual, sino la cristalización de un fallo estructural. Las irregularidades allí convergen: ausencia de canales seguros de denuncia, falta de supervisión de procesos de limpieza (y químicos), y un modelo organizacional que desdibuja quién es responsable cuando algo grave sucede.

Silencio institucional y falta de protocolo. Que una “broma” con sustancias químicas se sancione prácticamente nunca es una posibilidad para una empresa seria. ¿Dónde estaban los protocolos de seguridad, informes inmediatos, gestión de crisis interna? Si no existe una cultura de prevención —y de escucha—, el hostigamiento se vuelve la antesala del daño físico.

Desdibujo de responsabilidades por subcontratación. Cuando una cadena como H-E-B externaliza servicios como limpieza, la empresa principal se desentiende con facilidad, mientras el proveedor busca capear el desgaste legal. Pero la ley mexicana —en su versión vigente— habla de responsabilidad solidaria: el contratante no puede lavarse las manos cuando algo grave ocurre con el trabajador subcontratado. 

H-E-B, al alegar que Carlos no era empleado suyo, incurre en una estrategia comunicacional que resiente su credibilidad: más que abonar confianza, deja ver su temor a asumir riesgos corporativos.

Cultura organizacional que naturaliza la violencia. Cuando desaparecen espacios para denunciar sin temor a represalias, cuando las quejas llegan a un muro de apatía o silencio, el acoso se vuelve sistemático. El maltrato psicológico, convertido en “bromas”, es parte de esa rutina. Y cuando hay sustancias corrosivas de por medio, solo hay un paso para la tragedia.

Falta de control sobre químicos. Que un desengrasante termine en la botella personal de un trabajador habla de grietas mayores: acceso sin supervisión, almacenamiento deficiente, negligencia en el manejo de sustancias químicas. Si no existen bitácoras, auditorías internas, controles estrictos, estamos ante una falla gravísima de seguridad industrial.

Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, una de sus banderas fue erradicar el outsourcing abusivo que, en la práctica, permitía la precarización laboral. En abril de 2021 el Senado aprobó una reforma para limitar y regular la subcontratación: el 20 de abril fue avalada, y el 23 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Según esa reforma, queda prohibido el uso de outsourcing para funciones esenciales o permanentes de una empresa, y solo se permite el modelo de “servicios especializados” —cuando sean distintos al objeto social del contratante—. 

Desde el discurso, la 4T prometió que con esa reforma se terminaría la simulación y el abuso: ya no habría empresas fachada, ya no habría trabajadores invisibles. Pero este caso evidencia que, en los hechos, muchos modelos tienden a persistir bajo disfraces legales.

¿Acaso H-E-B está contratando los servicios de limpieza como “especializados”, cuando esos trabajos son parte vital de su operación? Si así fuera, estaríamos ante un literal contrasentido. Y si no lo acredita, estaría violando la ley que todos decían apoyar.

El pacto social exigía que la reforma se cumpliera de fondo, no de florero. Pero hoy vemos que miles de trabajadores —como Papayita— siguen atrapados en zonas grises: prestan servicios para una empresa grande, obedecen horarios de esa empresa, pero carecen del reconocimiento formal, de redes de protección reales.

No basta con reformar leyes, hay que transformar cultura. La muerte de Carlos Gurrola no puede ni debe quedar en una anécdota silenciada. No basta con emitir comunicados, deslindarse o difuminar responsabilidades. Este episodio nos obliga a exigir:

• Transparencia absoluta: los protocolos internos, las auditorías, los registros de denuncias deben abrirse al escrutinio público.
• Cumplimiento real de la reforma: si empresas como H-E-B no ajustan sus prácticas, que enfrenten sanciones ejemplares.
• Protección integral para trabajadores subcontratados: acceso a denuncia segura, acompañamiento psicológico, espacio legal real.
• Cultura organizacional que privilegie la dignidad y la prevención antes que el costo inmediato.

Papayita no fue solo una víctima de una “broma fatal”. Fue el síntoma de un modelo de gestión que relega a los más vulnerables, los invisibiliza y, cuando algo grave ocurre, resonan los silencios corporativos. La 4T prometió que con su reforma ese esquema sería parte del pasado. Pero mientras tragedias como esta sigan ocurriendo, entenderemos que la promesa está rota.

Quedémonos con el nombre de “Papayita” como recordatorio: detrás de un apodo cariñoso había una persona —un trabajador— a quien le quitaron la vida en un supermercado. Y quien no reconstruya todos esos vacíos de poder, responsabilidad y cultura, seguirá alimentando zonas de impunidad para la próxima víctima.

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CD/JC