Zacatecas, Zac.- El poder de las empresas agroindustriales, la minería y el sector inmobiliario es poderoso en San Luis Potosí, “sus intereses son muy fuertes”, por eso la acción de desalambrar el predio de tierras de uso común del ejido Las Margaritas, para frenar un nuevo caso de despojo “es una acción que debe cacarearse, porque fue posible gracias a una alianza de campesinos, organizaciones civiles, y sobre todo, donde la presencia y la participación del Estado fue fundamental”.

El actor mexicano y activista Daniel Giménez Cacho, integrante de la asociación Sincronía Wirikuta, planteó en entrevista que lo ocurrido el pasado fin de semana en el altiplano potosino, puede ser también un modelo, un ejemplo de organización, para otros conflictos agrarios y socio ambientales del país.

“Aquí hoy, se suman las voluntades de muchas luchas de gente que está aquí. Para mí lo más notable de este caso es como ejidatarios y el pueblo wixárika, que ya tiene una visibilidad internacional”.

En un escenario nacional complejo, luego de más de 35 años de gobiernos neoliberales, para las organizaciones defensoras del medio ambiente y la ecología, y para campesinos e indígenas del país, la lucha contra las trasnacionales es difícil y peligrosa, y debe destacarse que ahora hubo una alianza con entre el gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil.

Porque muchas veces en el pasado, advirtió, las industrias depredadoras se coluden con gobernantes corruptos, suben “a la azotea del Gobierno y hacen contacto, y logran parar a atacar, incluso asesinar a defensores de la Tierra, a defensores del agua”.

“Esta es una victoria de la sociedad organizada apoyada por el Gobierno. Cosa que no es frecuente, entonces yo creo que es muy importante cacarear el huevo y que sea público y que se difunda por todas partes”.

¿Ahora podemos decir que la utopía sí es posible?, se le preguntó a Giménez Cacho, y respondió: “No, es que todavía, pues es que imagínate, que aplicar la ley sea una utopía, pero ya estamos en ese nivel, pues sí, aplicar la ley”.

Con información de: La Jornada

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