La delincuencia organizada cobra a productores agrícolas en Puebla hasta 10 por ciento del valor de las cosechas, fenómeno que se extiende a otras regiones del país y ha detonado la exigencia de una reforma urgente al artículo 27 constitucional, sostuvo José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), e integrante de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social. Señaló que la propuesta de cambios al artículo 27 entregada a la Cámara de Diputados federal por la Cocyp y organizaciones aliadas busca devolver capacidades plenas a las autoridades ejidales y comunales, reconociéndolas como sujetos activos en la protección del patrimonio rural y la seguridad nacional. [JORNADA / p25]

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