El 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Se trata de una iniciativa ciudadana que fue impulsada en 2009 por activistas mexicanos y canadienses, al calor de los triunfos jurídicos que en ese año el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier consolidó en la defensa del Valle de San Luis Potosí y en contra de la destrucción de Cerro de San Pedro.

Podemos definir a la minería a cielo abierto como a aquella que busca la obtención de recursos naturales en la superficie del terreno y no de forma subterránea. Para lograr la extracción de algunos minerales, como el oro, cobre o uranio. Se remueven grandes cantidades de sedimento a los que más tarde y con el fin de separar los minerales buscados, se les aplica sustancias químicas para así poder ser procesados.

México lleva muchos años luchando contra estas prácticas. Desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 hasta 1994, cuando se modificó el artículo 27 de la Constitución en 1992, para abrir paso a la entrega de permisos a grandes compañías mineras, se ha concesionado cerca de la quinta parte de todo el territorio nacional.

El extractivismo como modelo de acumulación de capital

Alude al proceso mundial en el que la naturaleza se convierte de materia prima y sus precios los definen las bolsas de valores de los países dominantes en el mercado mundial. Los territorios de pueblos indígenas y las personas más vulnerables, aún en los países ricos, han sido los más afectados. Las corporaciones mineras extraen metales y minerales para obtener ganancias en aumento y especular con la tierra concesionada a través de la colocación de acciones.

No se trata de alimentar a industrias necesarias sino de tupir de oro las bóvedas de los bancos imperiales, a las industrias armamentista, automotriz, electrónica, a las construcciones para el turismo masivo y las edificaciones inmobiliarias de alta gama. Hace más de tres lustros que cada 22 de julio se reafirma la idea de que el extractivismo minero no obedece a una necesidad de la humanidad sino a las reformas estructurales que comandaron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y dirigidas al sur mundial.

En la década de los ochentas, estos bancos controlados por Estados Unidos y los países potentados de Europa, les parecía muy adecuado incentivar la inversión extranjera para sacar la riqueza mineral del subsuelo de países endeudados. Propusieron desregular y desincorporar todo lo que perteneciera a los Estados a cambio de más préstamos. Estas operaciones convirtieron a los compradores de la ganga estatal y a los concesionarios de tierras con oro, plata, cobre y zinc en millonarios de “clase mundial”.

Donde operan las mineras transnacionales, los territorios están en guerra porque el despojo de tierras ha desplazado a pueblos enteros, porque la violación de todo derecho humano y los asesinatos de personas defensoras alcanzan la mayor proporción de víctimas. Basta ver los reportes anuales de Global Witness. A los efectos de destrucción social de las minas a cielo abierto se agregan los derrames de lodos por la ruptura de las presas de jales, como la ocurrida en Brumandinho, al sur de Brasil, Mont Palley en Canadá y la contaminación del río Sonora por el derrame de sulfuros de cobre de la mina de Grupo México.

Las multinacionales mineras están coordinadas a escala global y adaptan su discurso. Se disfrazan de cuidadoras de la naturaleza porque, dicen, reciclan el agua y usan tecnologías renovadas. El mayor peligro de estos discursos, compartidos con los aparatos estatales de toda ideología, es el de las energías alternativas. Mineras y gobiernos sellan sus alianzas con la promesa de la “transición minero energética”.

Con información de: La Jornada

CD/VC