Xalapa, Ver.- Un ajuste a las tarifas de taxis piden transportistas del estado, a la par de pedir la regulación de las plataformas digitales de taxis que ya operan en el estado, como Didi, Uber, etcétera.

El presidente de la Alianza de Transportistas y Anexos de Veracruz, Pedro Fernández Fernández, planteó tres demandas centrales al gobierno de Veracruz: Una revisión justa de tarifas, la inclusión en el fideicomiso estatal para la modernización del transporte y la regulación equitativa de plataformas digitales.

“Hemos estado sexenio tras sexenio, y el bienio, pidiendo que se haga el estudio económico del índice inflacionario, traemos aquí una información que desde 2012 cobraban 13 pesos; esa -tarifa- en 35, la del segundo en 49, la del tercero en 55 pesos y la del cuarto perímetro en 66.40; sin embargo, sí quiero mencionar que el Artículo 142 -de la Ley de Transporte Público- dice que las tarifas cubrirán los gastos de amortización, conservación del monto de los fondos de reserva, y una utilidad justa y adecuada sobre el capital invertido”.

Narró que los costos de las unidades han subido y al sacar a crédito un vehículo en las agencias no pagan menos de 50 mil pesos, por lo que requieren un ajuste tarifario.

Piden entonces quitar también “abusos de compañeros taxistas”, agregó.

Fernández señaló que estos mismos planteamientos han sido expuestos por sus compañeros transportistas en municipios como Veracruz puerto, Boca del Río, Río Blanco, Cosoleacaque, Minatitlán y Poza Rica.

Ajuste tarifario

Sobre las tarifas al transporte el líder transportista indicó que desde 2012 no se han actualizado conforme al índice inflacionario nacional.

Explicó que, de aplicarse dicho ajuste, la tarifa mínima de 13 pesos vigente en ese año; debería situarse alrededor de los 35 pesos.

“Y así, en los perímetros más alejados, la tarifa debería oscilar entre los 49 y hasta los 66.40 pesos”, detalló.

Aclaró que no buscan un aumento arbitrario, sino un ajuste conforme a lo que estipula la ley en su artículo 142, que establece que las tarifas deben permitir cubrir los costos de operación, mantenimiento y una utilidad razonable.

“Los costos de operación se han disparado: una nueva unidad financiada cuesta más de 50 mil pesos y las mensualidades superan los 8 mil”, afirmó.

Además, exigió mecanismos para evitar el abuso por parte de algunos taxistas y propuso una revisión anual de tarifas mediante mesas técnicas, tal como prevé la Ley de Movilidad y Seguridad Vial a través de un observatorio ciudadano.

¿Fideicomiso de modernización?

Sobre el fideicomiso para la modernización del transporte público, Fernández pidió que el gremio sea considerado en la planeación y toma de decisiones. Recordó que la Ley General de Movilidad, publicada hace tres años, aún no ha sido armonizada con la legislación estatal, a pesar de que su artículo 122 constitucional les otorga el derecho a participar en los Comités de Desarrollo Municipal o Metropolitano.

En el caso de Xalapa, dicha zona metropolitana abarca nueve municipios, desde Xico hasta Rafael Lucio. “Queremos aportar, tenemos diagnósticos de vialidad, congestionamientos y otros problemas derivados de nuestra labor diaria. Solicitamos por escrito a la gobernadora que se nos incluya”, expuso.

Respecto al decreto emitido el pasado 9 de abril por el Ejecutivo estatal, que establece apoyos para renovar unidades de transporte colectivo, reiteró su interés en participar con propuestas.

“No pedimos regalos, sino créditos con intereses blandos que nos permitan cumplir con las exigencias de modernización”, aclaró.

Regulación de Didi, Uber

Sobre el impacto de las plataformas digitales de transporte el líder transportista dijo que, a pesar de prestar el servicio desde hace décadas, su gremio no ha sido incluido en los diálogos sobre su regulación.

Mostró una tabla comparativa sobre la competencia desigual que enfrentan, citando casos como el de Puebla, donde muchos taxistas no logran realizar más de 10 servicios diarios.

“Las plataformas están desplazando el trabajo de los taxistas tradicionales”, advirtió.

Como solución, propuso la creación de una plataforma estatal exclusiva para concesionarios del transporte público. Además, recordó que el 26 de junio entra en vigor un decreto federal que obliga a las plataformas a registrar a 272 mil contribuyentes, lo cual podría abrir la puerta a una regulación más equitativa.

“Somos críticos, pero también somos propositivos. Llevamos casi cuatro sexenios haciendo labor social.

Sólo pedimos que se nos tome en cuenta como parte del sistema de movilidad del estado”, concluyó.

CD/YC