Xalapa, Ver.- Exempleados federales jubilados denunciaron públicamente la detención arbitraria de los abogados Alejandro Arnulfo Rodríguez Sánchez, José César Augusto Figueroa Jerezano y José Rodríguez Sánchez, quienes aseguran estaban gestionando la recuperación de recursos federales legítimos para un grupo de beneficiarios, producto de jurisprudencias obtenidas desde 2024 en el Tribunal Fiscal Federal.

Narraron que los abogados fueron detenidos el pasado viernes en circunstancias irregulares tras acudir con una beneficiaria a un banco para cobrar los recursos que se habían gestionado a su favor.

“Por lógica, los licenciados recibirían su comisión y la señora su parte”, explicó uno de los voceros.

Sin embargo, al momento de la operación, apareció un abogado identificado como Gabriel Paredes, presunto yerno de la beneficiaria, quien los llevó a un establecimiento en Guadalajara, acompañado de otro sujeto.

De acuerdo con lo relatado, se produjo una agresión en contra de los abogados, captada por las cámaras del local “Cafetería Bola de Oro”.

Lo extraño, señalan, es que la Policía ya se encontraba en el lugar y procedió únicamente a detener a los litigantes, sin tomar acciones contra los agresores.

Tras su detención, los abogados fueron llevados inicialmente a la cárcel de Coatepec y luego trasladados a Pacho Viejo, donde enfrentan acusaciones de intento de homicidio y portación de arma blanca.

Además, una de las madres de los abogados, Alejandro Rodríguez, denunció que un abogado que se identificó como defensor en Pacho Viejo le pidió 400 mil pesos para liberar a su hijo: 300 mil para él y 100 mil supuestamente para la fiscalía que lleva el caso.

Francisco Ariel Lorenzo Hernández, jubilado federal y beneficiario del programa que gestionaban los abogados, expresó su respaldo total: “Ellos empezaron con las jurisprudencias en 2024, hicieron todo correctamente. Yo soy prueba de ello: Mi pensión se duplicó y recibí lo que me correspondía. Ahora quieren hacerlos ver como delincuentes. Es una injusticia”.

También se unió a la denuncia Elizabeth, esposa de Lorenzo, quien dijo haber sido una de las beneficiarias directas. Varios ciudadanos afirmaron que los abogados han ayudado a recuperar fondos pendientes desde los sexenios anteriores, incluso desde el gobierno de Felipe Calderón, y que esta detención no sólo es injusta, sino un atentado contra quienes defienden derechos laborales con apego a la ley.

Los denunciantes exigieron la liberación inmediata de los abogados y advirtieron que, de no haber respuesta, se movilizarán y presentarán denuncias ante instancias nacionales e internacionales.

Los manifestantes reiteraron su llamado a la gobernadora Rocío Nahle para que intervenga de inmediato, se garantice un proceso justo y se investiguen las posibles redes de corrupción, que aseguran, operan dentro del sistema judicial del estado.

CD/YC